MADRID, 23 (SERVIMEDIA)
La presidenta de la Asociación Nacional de Laboralistas (Asnala), Ana Gómez, cree que el buzón o canal de denuncias de posibles infracciones o casos de corrupción “funcionará” en las grandes empresas, pero “se retrasará” su aplicación en las compañías de menor tamaño.
En declaraciones a Servimedia, Ana Gómez señaló que ve “positiva” la medida, en líneas generales, en referencia al punto que recoge la Ley de Protección del Informante, que entró en vigor en marzo y que recoge la obligación de que empresas de más de 50 trabajadores, sindicatos, patronales e instituciones públicas cuenten con un canal o buzón de denuncias de presuntas infracciones o casos de corrupción.
El plazo establecido para poner en marcha de forma efectiva este buzón acaba el 13 de marzo de este año, aunque los municipios con menos de 10.000 habitantes y las empresas de entre 50 y 250 trabajadores tendrán una moratoria mayor, que se extenderá hasta el 1 de diciembre.
La medida la adopta España en virtud de la trasposición de una directiva europea que, además, llega con un año de retraso. Además, la ley recoge sanciones que pueden oscilar entre los 1.000 euros y el millón de euros, en función de la gravedad de las sanciones.
Entre las faltas que se establecen, destaca la toma de represalias contra un denunciante, el acoso laboral, poner trabas para poder plantear una denuncia o incumplir la propia obligación de contar con este buzón.
Asimismo, la Ley de Protección al Denunciante establece que se garantice el anonimato de los denunciantes y la posibilidad de poner una queja vaya más allá de los empleados, incluyendo por ejemplo a las personas en prácticas. Igualmente, tendrá que nombrarse a una persona o a una comisión responsable de gestionar el canal y velar por su buen funcionamiento.
Por todo ello, Ana Gómez señaló que “podría retrasarse algo” el cumplimiento de la normativa en las empresas de menor tamaño que están bajo esta obligación legal y mostró su confianza en que la autoridad laboral “tenga en cuenta” en un inicio las particularidades de las empresas de menor tamaño, ya que “les supone tiempo y costes”.
“Supone un coste de tiempo, recursos, formación… yo creo que, aunque la ley tiene todo un capítulo de sanciones, se tendrán en cuenta todas estas circunstancias”, agregó.
Al mismo tiempo, Gómez explicó que las empresas tendrán que permitir que se pueda realizar también una denuncia verbal, al tiempo que tendrá que notificar la recepción de la queja a los siete días. El plazo máximo para desarrollar la investigación interna será de tres meses y, si el caso es muy complejo, tendrán que justificar suficientemente su prolongación.
OPTIMISMO DE CEOE
Por su parte, fuentes de CEOE trasladaron a Servimedia que las empresas no van a tener problemas para implementarlo y adaptar sus canales de denuncia.
“De hecho, las grandes empresas ya lo tienen implementado, con sus canales de compliance”, añadieron desde la patronal, que explicaron que no es algo que debiera generar “excesiva burocracia”.
Finalmente, indicaron desde CEOE que es algo que se viene haciendo en las empresas poco a poco desde 2010, por lo que España está más avanzada en este ámbito que otros países de su entorno.
- Te recomendamos -
