MADRID, 20 (SERVIMEDIA)
El Consejo General de Economistas ha demandado una nueva reforma concursal que contemple una mayor exoneración del crédito público en los casos de segunda oportunidad, porque considera que las cantidades “deberían ampliarse” en línea con lo establecido en la nueva directiva de Insolvencia.
En una jornada de debate sobre el crédito público, el presidente del Registro de Economistas Forenses (Refor), Miguel Romero, señaló que dicha directiva –que podría aprobarse en mayo– incluye en su artículo 56 “una mayor exención del crédito público en los casos de segunda oportunidad para emprendedores de menor dimensión, al objeto de facilitar la reestructuración de las pymes”.
“Hay que seguir avanzando en una mayor flexibilidad y exoneración del crédito público. Un tratamiento más flexible permitiría su utilización como instrumento de política de apoyo a la reestructuración empresarial”, opinó Romero, quien apostó así por volver a reformar la ley concursal apenas unos meses después de que entrase en vigor la última legislación.
En este mismo foro, el director del Departamento Legal de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), José María Campos, se alineó con la posición del Consejo General de Economista y lamentó que la reforma concursal consolide “la sobreprotección del crédito público en perjuicio del deudor y del resto de acreedores”, además de limitar la posibilidad de que autónomos y pymes “tengan una verdadera segunda oportunidad”.
“Sería deseable que el legislador diera idéntico tratamiento al crédito público que al resto de acreedores, tal y como se desprende de la Directiva sobre reestructuración e insolvencia y aconsejan el FMI o el Banco Mundial. Eliminar la sobreprotección de los créditos de derecho público supone beneficiar la eficiencia económica y la conservación de puestos de trabajo”, afirmó.
En esta misma dirección se pronunció el director de la asesoría jurídica Concursal y Restructuraciones de CaixaBank, Lluís Farrés, señaló que, “aunque la reforma de 2022 ha supuesto la incorporación del crédito público en alguna de las nuevas herramientas de prevención de la insolvencia, la rigidez de su tratamiento y los limitados efectos a los que pueden ser afectados hacen que a la práctica lo habitual es que acaben siendo excluidos de los mismos”. “Sería deseable avanzar hacia una mayor flexibilidad”, apostilló.
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