MADRID, 19 (SERVIMEDIA)
El presidente del Consejo General de Economistas de España, Valentín Pich, destacó este jueves la importancia que tiene para la economía española la contratación con el sector público y la necesidad de que esta sea “más eficiente”, tanto para el órgano de contratación como para los potenciales licitadores.
Estas declaraciones coinciden con el hecho de que el Registro de Economistas Auditores (REA) –órgano especializado del Consejo General de Economistas de España en materia de auditoría–, en coordinación con el Consejo Andaluz de Colegios de Economistas y el Colegio de Economistas de Huelva, celebran hoy y mañana el XII Foro de Pequeños Despachos de Auditores, bajo el lema ‘Nuevos desafíos: Transparencia, Normas, Digitalización y Sostenibilidad’.
Dado el “enorme peso” del sector público en la economía–un 43% de nuestro PIB y casi 3 millones de trabajadores, el 17% del empleo–, los economistas auditores consideran necesario optimizar los recursos de las entidades públicas. Para ello, estiman conveniente que los pliegos de condiciones de las litaciones de trabajos –en general– y de servicios de contabilidad, auditoría y asesoramiento financiero –en particular– se adecúen al tamaño del trabajo o servicio requerido.
Según el Registro de Economistas Auditores (REA), ello permitiría que un mayor número de operadores de diferentes dimensiones pudiera concurrir a las licitaciones, evitando así la concentración del mercado y aumentando por tanto la competitividad en cuanto a calidad de servicios y precios.
En este sentido, el presidente del Consejo de Economistas incidió en la necesaria colaboración de los agentes económicos que operan en estos procesos, fomentando las consultas preliminares sobre el mercado a los profesionales y organizaciones específicas de cada campo, ya que, “el órgano de contratación puede no disponer de un conocimiento profundo de los requerimientos y de las condiciones de ejecución del contrato, así como del precio ajustado a mercado que sirva de base para determinar el presupuesto adecuado del contrato”.
Para el presidente de los economistas, “ello permitiría dimensionar el alcance del objeto del contrato, determinar recursos equilibrados para la ejecución del proyecto y asegurar la prestación en condiciones de calidad y precio óptimas”.
“Se precisa la concienciación por parte de los órganos de contratación de la conveniencia de contar, con carácter previo al inicio del expediente de licitación, con una memoria justificativa que permita identificar a priori las necesidades del proyecto y la forma más favorable de atenderlas, para así poder pedir luego las garantías más adecuadas y evitar desvíos de presupuesto”, añadió Pich.
En este sentido, entiende “sería beneficioso fomentar acuerdos marco que coadyuven a la racionalización de la contratación con las administraciones públicas, para dotar de un plus de transparencia al procedimiento y simplificar la contratación de servicios recurrentes y discontinuos”.
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