MADRID, 05 (SERVIMEDIA)
El Consejo General de Economistas (CGE) solicitó este lunes al Senado la retirada de una enmienda a los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2023 que se incorporó en el Congreso de los Diputados y que permite a las entidades públicas perpetuar durante 20 años a una firma como auditora de su contabilidad.
Esta modificación de la Ley de Auditoría de Cuentas, que fue impulsada por PDeCat y salió adelante con el apoyo de PSOE y Unidas Podemos, abre la posibilidad de ampliar el período máximo de contratación de los auditores de Entidades de Interés Público (EIP) mediante dos vías: 14 años más, siempre que la auditoría sea realizada de forma conjunta por dos firmas de auditoría, o 10 años más si se realiza una convocatoria pública de ofertas.
Esta segunda posibilidad es que la que ha levantado más ampollas en el Consejo. En primer lugar, desde el organismo avisaron de que aunque esta opción esté recogida el reglamento de la Unión Europea sobre los requisitos específicos para la auditoría legal de las entidades de interés público, aún no ha sido tomada en consideración por “la mitad” de los países de la Unión Europea, “entre los que se encuentran Alemania, Italia y Países Bajos”.
Asimismo, los economistas mostraron su preocupación por los casos en los que el segundo concurso lo volviese a ganar la misma firma que ya auditaba a determinada entidad del sector público –“lo que podría ser bastante probable al tener un conocimiento profundo de la misma”–, ya que dicho auditor “se perpetuaría en el cargo durante 20 años afectando gravemente a su independencia, dado que en este caso no regiría el sistema de coauditoría”.
“Esta opción no es de obligado cumplimiento, por lo que los Estados miembro tienen potestad a la hora de transponerla o no a sus respectivos ordenamientos jurídicos”, afirmó el presidente del Registro de Economistas Auditores (REA), Emilio Álvarez. “Si el objeto de esta enmienda, tal como se expresa en su justificación, es promover la auditoría conjunta, abrir el mercado a las pymes de auditoría y aumentar la competencia, debería eliminarse de la enmienda la opción de convocatoria pública de ofertas, tal como han hecho la mitad de los países de la Unión Europea”, concluyó.
Así las cosas, los economistas afirmaron que es “necesario” eliminar esta enmienda durante la tramitación de los presupuestos en el Senado y subrayó que, “además de comprometer la independencia del auditor, fomenta la concentración del sector”.
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