MADRID, 13 (SERVIMEDIA)
Las cinco principales organizaciones ambientales de España (Amigos de la Tierra, Ecologistas en Acción, Greenpeace, SEO/BirdLife y WWF) censuraron este viernes que el proceso de evaluación ambiental en proyectos de energías renovables sea más corto y excluya a la ciudadanía.
Ello aparece en un real decreto-ley aprobado por el Consejo de Ministros el pasado 27 de diciembre y que conforma el sexto paquete de medidas en respuesta a las consecuencias económicas y sociales de la invasión rusa en Ucrania. Esa norma tiene que ser convalidada en el Congreso de los Diputados en las próximas semanas.
Las entidades ecologistas advirtieron de que esa medida “puede tener un efecto contrario a lo que pretende” porque “en lugar de acelerar el proceso para que España tenga un sistema eléctrico 100% renovable, es probable que ralentice el despliegue renovable a base de demandas en los tribunales, erosionando la participación y la aceptación social de la necesaria transición energética”.
Por ello, apremiaron a los partidos políticos con representación parlamentaria a retirar esta medida y mantener el actual sistema, en el que se restringe esta vía rápida de tramitación ambiental a proyectos ubicados en zonas de baja sensibilidad ambiental.
En opinión de Amigos de la Tierra, Ecologistas en Acción, Greenpeace, SEO/BirdLife y WWF, la medida puede “ralentizar el despliegue renovable a través de su judicialización, poner en riesgo la protección de la biodiversidad y las políticas de desarrollo rural, y fomentar el desapego y el rechazo social al despliegue renovable”.
Según esas entidades, este rechazo puede producirse especialmente en las comunidades rurales, lo que retrasaría la “urgente y necesaria transición energética”.
La medida amplía ‘de facto’ esta vía rápida a cualquier proyecto renovable, con independencia de su tamaño o de si se ubica en un espacio con altos valores ecológicos o relevante para especies amenazadas, aunque excluye los ubicados en espacios protegidos legalmente (excepto las reservas de la biosfera) o en el mar.
Será de aplicación para todos los proyectos que tramite el Gobierno (los superiores a 50 MW, es decir, los más grandes), pero la norma habilita a las comunidades autónomas a aplicarlo en sus respectivos territorios.
“Este planteamiento genera inseguridad jurídica y da pie a agravios comparativos, que ponen en duda la efectividad de la medida e, incluso, su ajuste a la normativa europea e internacional”, apuntaron los ecologistas.
WWF, SEO/BirdLife, Greenpeace, Ecologistas en Acción y Amigos de la Tierra compartieron la necesidad de sustituir “de forma urgente” las energías fósiles y nucleares por renovables, y apuntaron que para ello debe dotarse de mayores recursos a los departamentos que se encargan de la evaluación ambiental y la ordenación y zonificación territorial, y planificar un despliegue ordenado y vinculante que priorice los proyectos más cercanos a donde se consume.
Ello supondría facilitar el desarrollo de renovables en zonas de baja sensibilidad ambiental con prioridad para las zonas degradadas (por ejemplo, las fuertemente antropizadas, las industriales, las ocupadas por infraestructuras, etc.) y, como ya había decidido el Gobierno, sobre las zonas que se han identificado como de bajo impacto ambiental.
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