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Los distribuidores de gas butano consideran que el sector está al límite debido a la falta de acciones por parte de Transición Ecológica

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MADRID, 03 (SERVIMEDIA)

La Federación Española de Distribuidores de Gases Licuados del Petróleo (Fedglp) aseguró este viernes que el sector se encuentra “al borde del colapso” tras años trabajando a pérdidas y denunció la “inacción” del Ministerio de Transición Ecológica respecto a la actualización de la Orden IET/389/2015, que regula los costes de comercialización del gas licuado del petróleo (GLP).

En concreto, la Fedglp advirtió en una nota de prensa que peligra la continuidad de más de 3.500 empleos y de un servicio esencial para seis millones de hogares en España. Asimismo, señaló que las agencias distribuidoras llevan “más de una década” soportando una fórmula obsoleta que no refleja el incremento de los costes operativos.

“En el último año, la actualización del coste de comercialización apenas fue de un céntimo de euro por botella, una cifra simbólica que demuestra el desinterés del Ministerio por resolver una crisis que afecta directamente a millones de ciudadanos, especialmente en áreas rurales y comunidades vulnerables”, destacaron los distribuidores de gas butano, quienes recordaron que, a pesar de las reiteradas reuniones y consultas públicas, la situación “sigue estancada”.

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En esta línea, la Fedglp recordó que en los meses de noviembre y diciembre de 2024 se vio obligada a organizar suspensiones semanales del reparto domiciliario para visibilizar la gravedad del problema. Como respuesta, el Ministerio publicó un borrador que reconoce los problemas del sector, pero propone una actualización “muy alejada” de las demandas del sector, que considera imprescindible una subida de 1,80 euros por botella. “Este importe permitiría cubrir costes operativos como salarios, transporte y mantenimiento de flotas, esenciales para la garantizar la sostenibilidad del servicio de reparto a domicilio, un servicio público esencial”, aclararon los distribuidores.

Asimismo, denunció que el aumento del IVA, junto con el incremento de cotizaciones sociales y otros costes regulatorios, está generando un “efecto dominó” que afecta directamente al sector. Estas subidas previstas para este año, combinadas con el encarecimiento del combustible y los costes laborales, han elevado los gastos operativos de las agencias distribuidoras, que siguen recibiendo una retribución “obsoleta” y “claramente insuficiente”.

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Además, señaló que aumento previsto para este nuevo año del 8,54% en el envío de una carta ordinaria nacional contrasta con el abandono al que está sometido el sector del butano, un bien esencial para millones de hogares españoles que lleva sin ser correctamente actualizado desde 2015, con una regulación que no permite trasladar suficientemente el impacto de la inflación ni la pérdida de escala por decrecimiento del mercado, provocando que se esté operando a pérdidas.

“Desde el cierre del período de alegaciones a finales de noviembre, se continúa sin avances y se ignora un servicio crítico como el reparto domiciliario de bombonas, que permite calentar hogares y cocinar a más de 6 millones de familias, muchas de ellas en zonas rurales y en riesgo de exclusión social”, indicó la Felgp, que recordó que el precio regulado de la bombona en España, actualmente en 16,61 euros, es el más bajo de Europa, y representa la mitad del coste en países como Francia y Portugal.

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En este sentido, indicó que la Orden IET/389/2015 no solo garantizaría un reparto domiciliario sostenible y de calidad, sino que permitiría sentar las bases para una transición hacia energías renovables en el sector, prevista para 2050. Sin embargo, la incomprensible falta de decisión por parte del Ministerio deja al sector en una situación insostenible.

Por último, anunció que no descarta convocar una asamblea extraordinaria en las próximas semanas para adoptar medidas de protesta más contundentes que obliguen al Gobierno a actuar y pidió al Ministerio de Transición Ecológica revisar al alza el borrador presentado y publicar de manera inmediata una nueva orden ministerial que permita “revertir la situación actual”.


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