Las diferencias suponen un varapalo a los esfuerzos para restaurar la autoridad civil de cara a la celebración de elecciones
MADRID, 11 (EUROPA PRESS)
Los desacuerdos entre el Ejército de Sudán y los grupos de la sociedad civil sobre las reformas a nivel de seguridad han provocado que las partes no hayan sido capaces de anunciar el fecha la formación del nuevo gobierno de unidad, que debía haber visto la luz este martes, como fecha límite, tras los últimos aplazamientos durante las últimas semanas.
El calendario fijado por las partes tras el acuerdo marco alcanzado en diciembre de 2022 para reactivar el proceso de transición contemplaba que el nuevo primer ministro fuera anunciado el 11 de abril junto al resto de integrantes de un Ejecutivo civil que asumiera competencias de manos de las Fuerzas Armadas.
Sin embargo, las partes no lograron firmar el acuerdo final de transición durante las jornadas del 1 y el 6 de abril, fechas previstas para ello tras los aplazamientos, debido a las diferencias en torno a la integración en las Fuerzas Armadas de las poderosas Fuerzas de Apoyo Rápido (RSF), una fuerza paramilitar encabezada por el actual vicepresidente del Consejo Soberano de Transición, Mohamed Hamdan Dagalo, alias ‘Hemedti’.
El estancamiento de las conversaciones ha supuesto un varapalo a los esfuerzos para devolver el poder a las autoridades civiles, después de que un golpe de Estado encabezado en octubre de 2021 por el jefe del Ejército y presidente del Consejo Soberano de Transición, Abdelfatá al Burhan, derrocara al entonces primer ministro de unidad, Abdalá Hamdok.
Hamdok fue nombrado para el puesto tras un proceso de diálogo entre militares, partidos y organizaciones civiles iniciado a raíz del derrocamiento en abril de 2019 del régimen de Omar Hasán al Bashir con el objetivo de aplicar una serie de reformas destinadas a allanar el camino a la celebración de elecciones en el país africano.
Durante su periodo al frente del país, Hamdok puso en marcha una batería de reformas sociales y económicas y alcanzó un histórico acuerdo de paz en octubre de 2020 con importantes grupos rebeldes de Darfur y otras zonas del país, si bien la asonada de Al Burhan dio al traste con estos esfuerzos y sumió al país en una nueva crisis política.
La salida del poder de Hamdok –quien permaneció varios meses detenido–, provocó una oleada de masivas manifestaciones que fueron respondidas con violencia por parte de las fuerzas de seguridad, con las RSF a la cabeza, y una catarata de críticas internacionales. Finalmente, Al Burhan y Hamdok alcanzaron un acuerdo para su restitución, si bien dimitió posteriormente en condena a la represión violenta de las movilizaciones sociales.
La continuada inestabilidad y la presión internacional desembocaron finalmente en un nuevo proceso de conversaciones, mediado por un mecanismo trilateral, tras lo que el secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, pidió a las partes que participaran “de buena fe” y “que sigan trabajando para generar un ambiente adecuado para un diálogo constructivo en interés del pueblo sudanés”.
En el marco de las mismas fue creado el conocido como “panel de reforma de seguridad”, que inició sus conversaciones a finales de marzo para pergeñar un acuerdo que contemplara la unificación de las fuerzas militares –incluida la reintegración de las RSF y a antiguos grupos rebeldes– que permitiera solucionas las diferencias y permitir la formación del nuevo gobierno.
Sin embargo, las divisiones en el seno del aparato de seguridad han impedido que estos esfuerzos den fruto en la fecha prevista, especialmente a causa de las luchas intestinas entre las Fuerzas Armadas y las RSF por un mejor posicionamiento durante la transición y de cara al establecimiento de una autoridad civil que rija los destinos del país.
EL PESO DEL APARATO DE SEGURIDAD
El aparato de seguridad ha sido históricamente muy relevante en Sudán, un país que logró su independencia en 1956 y que cayó en manos de una junta militar tras el golpe de Estado encabezado en mayo de 1969 por el coronel Yaafar al Nimeiri, derrocado tras una asonada en 1971 liderada por el Partido Comunista de Sudán y restaurado poco después por elementos anticomunistas del Ejército.
Al Nimeiri permaneció en el poder hasta abril de 1985, cuando fue depuesto en medio de una campaña de desobediencia civil que derivó en un nuevo golpe de Estado. Tras las elecciones de 1986, el líder del Partido de la Umma, Sadiq al Mahdi, fue nombrado como primer ministro, si bien fue derrocado en 1989 en otro golpe, en esta ocasión perpetrado por Al Bashir.
Durante las tres décadas de mandato de Al Bashir, marcadas por la represión y la corrupción, el Ejército y otros elementos del aparato de seguridad acapararon sectores económicos y empresas con importantes beneficios, algo que ahora estos actores se muestran reacios a ceder en el marco de la transición.
Además, otro de los factores que azuza las tensiones es el interés de ambas partes en retener la mayor parcela posible de poder para intentar evitar de alguna forma la rendición de cuenta por los numerosos abusos cometidos durante las últimas décadas, incluida la guerra en la región de Darfur.
De hecho, el Tribunal Penal Internacional (TPI) ha reclamado en numerosas ocasiones a Jartum que entregue a Al Bashir y a otros acusados de genocidio y crímenes contra la humanidad, algo que no ha llegado a concretarse a pesar de las promesas de las autoridades de transición en pie hasta el golpe de Al Burhan.
Sobre Al Bashir, condenado en 2019 por un tribunal de Sudán por cargos de corrupción, pesan dos órdenes de arresto del TPI por genocidio, crímenes contra la Humanidad y crímenes de guerra. Las RSF han sido acusadas de abusos y crímenes durante la guerra, así como durante la represión de las manifestaciones que se suceden desde el derrocamiento del expresidente.
DESPLIEGUE EN JARTUM
En este contexto, ‘Hemedti’ habría ordenado el envío de cerca de 15 vehículos blindados de las RSF a Jartum “de cara a cualquier tipo de emergencia”, según han informado fuentes de esta formación paramilitar citadas por el portal sudanés de noticias Sudan Tribune.
Los vehículos blindados fueron trasladados el lunes desde Zaruq, en la frontera con Libia, a la ciudad de El Fasher de cara a su despliegue en la capital, que ha sido escenario durante los últimos días de la llegada de numerosos miembros de las RSF.
Por ello, el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Turk, instó la semana pasada a todas las fuerzas sudanesas en que dejen a un lado “sus intereses personales y las posiciones en las que se han atrincherado” para defender el “interés común de la población” del país, que se encuentra “en una encrucijada decisiva” para reactivar su transición.
“No debemos ver una repetición del uso de fuerza innecesaria y desproporcionada”, avisó Turk, que reclamó también a los numerosos grupos civiles que han rechazado este acuerdo marco de diciembre al entender que no excluye explícitamente a los militares de un futuro gobierno –una de sus principales exigencias– que se incorporen al proceso para facilitar su resolución.
Por su parte, Al Burhan afirmó la semana pasada que los partidos políticos deberían dar un paso a un lado en caso de que no sean capaces de lograr un consenso que desbloquee la situación. “Hemos presenciado controversias entre los grupos políticos y, francamente, les pido que den un paso a un lado”, dijo, antes de apostar por “dar espacio a otros”.
“Hemos perdido cuatro años repitiendo las mismas palabras y nadie quiere aceptar al otro. Todo el mundo quiere el mayor trozo del pastel”, lamentó, antes de abrir la puerta a “una segunda opción” derivada de “el mayor bloque de consenso nacional” de cara a la organización de elecciones. Al Burhan incidió además en la necesidad de “mantener al Ejército al margen de la política”.
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