MADRID, 27 (SERVIMEDIA)
Los comités de ética de investigación en salud de Andalucía se adaptan al Decreto-ley por el que se adoptan medidas de simplificación y racionalización administrativa para la mejora de las relaciones de la ciudadanía con la Administración de la Junta de Andalucía y el impulso de la actividad económica en la comunidad autónoma, según informó este miércoles la Consejería de Salud y Consumo de la Junta de Andalucía.
Los comités de ética de la investigación en salud aseguran la protección de las personas participantes en las investigaciones y que los beneficios e inconvenientes de la investigación se distribuyan equitativamente entre los grupos de la sociedad, y resguardan la “relevancia y corrección” científica del protocolo de investigación sometido a su consideración.
Así, tras la adaptación al nuevo decreto ley, se producen “importantes novedades” en relación con los comités. Por un lado, para mejorar la comunicación y relaciones con la ciudadanía, se anexan los modelos de formularios normalizados para la presentación de la solicitud de acreditación de los órganos de ética.
Igualmente, se agiliza el trámite de emisión de los dictámenes que deben emitir estos comités, pasando a ser de tres meses frente a los seis meses actuales, según explicó la Consejería.
Además, para optimizar sus recursos, actualizar sus funciones de conformidad con la legislación vigente y simplificar los procedimientos, se modifica la composición y las funciones del Comité Coordinador de Ética de la Investigación Biomédica de Andalucía y se simplifica el procedimiento de acreditación.
También, se suprime el Comité Andaluz de Ética de la Investigación con Muestras Biológicas de Naturaleza Embrionaria y Semejantes (Caembes) y se atribuye el ejercicio de la función de autorización con células humanas pluripotentes obtenidas mediante reprogramación celular al Comité Coordinador de Ética de la Investigación Biomédica de Andalucía.
Este último responde a la necesidad de adaptar el sistema de evaluación de ética de la investigación de la comunidad a los cambios introducidos en la normativa nacional, que establece que sea un comité único el que aborde los proyectos.
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