MADRID, 06 (SERVIMEDIA)
La accesibilidad, la educación inclusiva y el empleo son los ámbitos que más denuncias por vulneración de los derechos de las personas con discapacidad acumulan, según el informe ‘Derechos Humanos y Discapacidad España 2024’ aprobado este jueves por el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi).
Elaborado por la Delegación de Derechos Humanos y para la Convención del Cermi, presenta un detallado análisis de vulneraciones, avances y propuestas de mejora en derechos humanos de las personas con discapacidad en España. Este documento se elabora anualmente, y se nutre de denuncias, análisis normativos y consultas recibidas a través del Movimiento Cermi.
Con este trabajo, se busca identificar las principales vulneraciones de derechos y señalar propuestas de mejora. Por tercer año consecutivo, la accesibilidad repite como el ámbito con mayor número de denuncias, hasta un 23 % del total. Le siguen las denuncias relacionadas con la educación y el empleo, ambos con un 10%, lo cual refleja “las barreras persistentes en estos sectores clave para la inclusión”.
Por otro lado, el trabajo advierte sobre la demora en la regulación de la jubilación anticipada para trabajadores con discapacidad, una cuestión que ha generado gran preocupación en el sector y que ha motivado la presentación de quejas formales ante el Defensor del Pueblo y la Oficina de Atención a la Discapacidad del Ministerio de Derechos Sociales. Además, el informe pone de relieve la urgencia de regular el etiquetado en braille e inclusivo en productos de consumo; garantizar una vivienda accesible y adecuada, y derogar los internamientos forzosos por razón de discapacidad psicosocial.
AVANCES
Entre los logros de 2024, resalta la reforma del artículo 49 de la Constitución, alineada con la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que refuerza el compromiso del Estado con la accesibilidad universal y la autonomía personal. Asimismo, el informe subraya la aprobación de la tarjeta europea de discapacidad, que facilitará la movilidad y el reconocimiento de derechos en el ámbito de la Unión Europea.
Sin embargo, también advierte sobre los desafíos aún pendientes, como reforzar la protección de las mujeres y niñas con discapacidad, garantizar la plena inclusión educativa y fortalecer los mecanismos legales que permitan la ejecución efectiva de las resoluciones de organismos internacionales de derechos humanos en España.
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