La ministra confía en que el Supremo remueva los “obstáculos” que impiden desplegar los derechos de las mujeres
MADRID, 22 (EUROPA PRESS)
La ministra de Justicia, Pilar Llop, ha rehusado aclarar este martes si fue su departamento como ayer denunció Podemos quien se encargó de establecer la horquilla de penas de la conocida como ‘ley del solo sí es sí’, alumbrada por el Ministero de Igualdad de Irene Montero, recordando que no formaba parte del Gobierno cuando se gestó la nueva norma, que por ahora ha suscitado rebajas de pena y excarcelaciones.
“Yo no estaba en el Consejo de Ministros, pero es evidente que comparto que se trata de una buena ley”, ha dicho en declaraciones a la prensa tras presentar la partida de Justicia en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) en el Congreso de los Diputados.
No obstante, ha asumido que se ha generado un “debate”, que ha calificado de “estrictamente jurídico”, sobre “la cuestión de la aplicación de las penas con la entrada en vigor de la ‘ley del solo sí es sí'” por la revisión de sentencias, ante lo cual ha querido mandar “un mensaje de calma y tranquilidad” a las víctimas.
“Es una ley compleja que lo que hace es cambiar absolutamente el modelo que teníamos en materia de delitos sexuales al incorporar lo que antes eran abusos sexuales, atentados contra la libertad sexual sin violencia ni intimidación, dentro del concepto de agresión sexual, y lo que se ha hecho es ampliar la horquilla penológica”, ha explicado.
Además, ha destacado que el decreto emitido el lunes por el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, donde insta a no rebajar las penas que sigan vigentes con la nueva ley, “en cierto modo ha arrojado luz y está arrojando también calma”.
Preguntada sobre qué espera el Gobierno del Tribunal Supremo (TS), también llamado a pronunciarse sobre la nueva ley, Llop ha pedido “ser prudentes”, “esperar a ver qué es lo que dice el TS, porque también va a hacer unos criterios de carácter interpretativo o lo resolverá si le llega algún tipo de revisión de sentencia, algún recurso”.
No obstante, a preguntas de los periodistas, la ministra ha profundizado para indicar que del Supremo espera lo mismo que de “todos los poderes públicos”: “Que se remuevan todos los obstáculos que impiden o dificultan la plenitud de la libertad y la seguridad de los derechos de las mujeres”.
“Eso es lo que todos los poderes públicos estamos obligados a hacer en cuestiones como esta que son puramente de género, porque afectan en cuanto a víctimas a un porcentaje altísimo de mujeres y niñas, aunque también hay niños, y los agresores suelen ser varones”, ha añadido.
En cualquier caso, ha hecho hincapié en que “es importante centrarnos en las víctimas, en su protección, que es lo que hace esta ley”, poniendo de relieve que la Fiscalía también subrayara la “dimensión victimológica” frente a la “dimensión punitiva”.
RECONOCE “EL ESFUERZO” DE LOS JUECES
En cuanto a las críticas lanzadas desde Unidas Podemos a la judicatura por la aplicación de la ‘ley del solo sí es sí’, Llop ha querido “reconocer el esfuerzo de los cientos de jueces y juezas”.
“Tenemos 106 juzgados exclusivos y 355 compatibles en toda España en materia de violencia sobre la mujer que trabajan diariamente, que se dejan la piel por la protección y la seguridad de las mujeres, así que poner en valor la labor de los jueces, de los funcionarios de la administración de justicia, fiscales, abogados y procuradores especializados”, ha recalcado.
En la misma línea, ha resaltado la creación en 2003 del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género, del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), y las modificaciones legislativas de anteriores gobiernos y de las Cortes Generales “para que jueces y juezas puedan recibir formación especializada” en la lucha contra la violencia de género.
“Es importante poner en valor que tenemos un pacto de Estado aprobado por unanimidad de todas las fuerzas políticas en 2017”, ha apostillado, lamentando a renglón seguido que, si bien se ha renovado este año, Vox se haya apartado por ser “una fuerza política de carácter reaccionario a todos los avances en derechos de las mujeres y otros colectivos”.
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