Advierten del “riesgo de paralización” de la Justicia que puede generar la huelga convocada para el 24 de enero
MADRID, 16 (EUROPA PRESS)
Los Letrados de la Administración de Justicia (LAJ) han pedido al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que adopte las “medidas necesarias” para reconducir el conflicto que mantienen con el Ministerio de Justicia y evitar así la huelga indefinida convocada para el 24 de enero.
La Unión Progresista de Letrados de la Administración de Justicia (UPSJ), la Asociación Independiente de Letrados (AinLAJ) y el Ilustre Colegio Nacional de Letrados de la Administración de Justicia han firmado una comunicación conjunta en la que apelan a la “autoridad” de Sánchez ante la “gestión insensible e irresponsable” del Ministerio dirigido por Pilar Llop.
Las asociaciones han reprochado que hasta ahora no se haya introducido una enmienda transaccional a la Ley de Eficiencia Organizativa para que “las retribuciones del Cuerpo de Letrados de la Administración de Justicia se referencien a las correspondientes a la carrera judicial, en la proporción de mejora que se considere adecuada a las responsabilidades inherentes a este colectivo”.
Así las cosas, las firmantes se han dirigido directamente a Sánchez: “Depende tan solo del Gobierno que usted preside aprobar las modificaciones de los Reales Decretos retributivos y el Estatuto Orgánico”.
“RIESGO DE PARALIZACIÓN”
En el marco de la comunicación, la UPSJ, la AinLAJ y el Colegio Nacional de LAJ han alertado al presidente del Ejecutivo de la “gravedad” y de la “extensión del riesgo de paralización de toda la actividad ordinaria de los juzgados y tribunales de todo el país, salvo los servicios esenciales”, que puede generar la huelga indefinida que convocaron para el 24 de enero a raíz del conflicto laboral que mantienen con el Ministerio de Justicia.
Los firmantes han insistido en que la huelga tiene un “impacto directo global en los ciudadanos, en las empresas y en todos los operadores jurídicos que se relacionan con el servicio público de la Administración de Justicia”.
Según han subrayado, el trabajo de los 4.300 Letrados –funcionarios de grupo A1– dependientes del Ministerio de Justicia es “imprescindible” para que se lleven a cabo todos los asuntos en los juzgados y tribunales, por lo que su ausencia provocaría “enormes perjuicios con suspensiones de juicios y declaraciones”, algo que aumentaría las dilaciones en la Administración.
En este sentido, las asociaciones han advertido también de las consecuencias económicas de la huelga: se paralizarían los pagos judiciales a particulares (alimentos, deudas, indemnizaciones, etc) y al Tesoro Público (multas, depósitos, etc.), dado que estos funcionarios son los únicos con facultades de disposición de los fondos de la Cuenta de Depósitos y Consignaciones Judiciales, que cuenta con un saldo promedio de 4.500 millones de euros.
ORIGEN DEL CONFLICTO
La UPSJ, la AinLAJ y el Colegio Nacional de LAJ han recordado que el conflicto con el Departamento dirigido por Pilar Llop tiene su origen en “la falta de adecuación salarial a las mayores funciones y responsabilidades atribuidas por la Ley 13/2009, descargadas a los jueces, incrementadas en sucesivas reformas”, en especial la de 2015.
Para los firmantes, dichas modificaciones han provocado un “insoportable desequilibrio en las prestaciones” realizadas por el Cuerpo de Letrados en un contexto en el que se quejan de la “falta de audiencia y participación” de las tres asociaciones en la mesa de negociación de las condiciones laborales y de asuntos que afectan el estatuto orgánico que les regula.
Las tres asociaciones han precisado que el “detonante” del conflicto fue el acuerdo que el Ministerio de Justicia firmó en diciembre de 2021 con los sindicatos de los cuerpos generales “sin desarrollar debidamente la adecuación salarial a las últimas reformas procesales prevista en el segundo párrafo de la Disposición Adicional 157 de la Ley 11/2020 de Presupuestos Generales del Estado para 2021”.
La huelga del próximo 24 de enero no es la primera que convocan la UPSJ, la AinLAJ y el Colegio Nacional de LAJ. Las tres acordaron parar en enero y marzo de 2022. También realizaron un convocatoria para abril de ese año, pero finalmente la suspendieron ante los compromisos adoptados por el Ministerio. Las huelgas se retomaron en noviembre y diciembre.
Las tres asociaciones acusan a Justicia de alargar y recrudecer el conflicto: “no solo no ha convocado al Comité de Huelga, (…) sino que lo incendia y enardece, faltando a la verdaden el Parlamento al afirmar (sin acreditarlo) haber cumplido 10 de las 11 reivindicaciones y quedando pendientes 2, lo cual ni siquiera aritméticamente se corresponde con la realidad”. Por ello, han recurrido ahora al propio presidente del Gobierno.
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