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Lérida y Cádiz, no cuentan con baños públicos, mientras que Zamora tiene uno por cada 4.500 habitantes

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MADRID, 18 (EUROPA PRESS)

Lérida, Cádiz y Hospitalet de Llobregat son algunas de las ciudades españolas que no tienen ni un baño público, mientras Zamora dispone de uno por cada 4.556, Salamanca uno por cada 5.536 y Bilbao un baño por cada 5.768.

Así se desprende del informe elaborado por la Federación de Consumidores y Usuarios CECU que pone en evidencia no solo la insuficiencia de baños, sino también de fuentes públicas en la mayoría de las ciudades españolas, especialmente “preocupante en la época estival”. La organización ha contacto con 83 municipios, entre los que se incluyen todas las capitales de provincia y otros con gran número de población, permanente o en los meses de verano, para conocer el número de baños y fuentes públicos de los que disponían, señalando, en su caso, si tenían coste.

Solo 35 ayuntamientos (el 42,17%) respondieron a la petición, a pesar de estar obligados por ley y de que estos datos son sencillos de recabar. Entre los que respondieron, la organización ha destacado positivamente a Zamora, Salamanca y Bilbao se sitúan Lérida, Hospitalet de Llobregat y Cádiz que, con una población de más de 100.000 habitantes, declararon no disponer de ningún baño público.

Tampoco prestan un buen servicio Sevilla, con solo 8 baños en toda la ciudad (lo que se traduce en una ratio de un baño para cada 85.503 habitantes); Terrassa, con 1 para cada 56.319; y Palma, con 1 para cada 47.038.

“Hacemos un especial llamamiento a los municipios que multiplican su población en verano para que habiliten baños, aunque sea de carácter temporal, para dar servicio a la población que habita sus territorios en estos meses”, ha explicado Miguel Crespo, abogado de CECU.

“El hecho de que estos baños se instalen de forma temporal para cubrir esa necesidad debe ser compatible con que cumplan los requisitos mínimos de intimidad, usabilidad e higiene”, ha comentado la organización de consumo.

FUENTES PÚBLICAS

Respecto a las fuentes públicas, Huesca dispone de una fuente para cada 365 habitantes, Guadalajara de 1 por cada 378 y Cuenca de 1 por cada 396. Frente a estos, Gerona cuenta con 1 por cada 4.012 habitantes, Palma con 1 por cada 3.112 y Murcia con 1 para cada 3.026.

“Si bien exigimos el acceso universal y gratuito al agua potable en los espacios públicos durante todo el año, en las épocas veraniegas con altas temperaturas y en ciudades de urbanismo hostil con cada vez más cemento y menos elementos vegetales, la presencia de estas se hace más imprescindible, sobre todo para la hidratación de personas mayores, trabajadores al aire libre, gente sin hogar y niños, que pueden sufrir golpes de calor u otras afecciones”, ha añadido Crestpo.

En opinión de la CECU, el estudio evidencia que muchos ayuntamientos “no se toman en serio las implicaciones para la salud pública y la protección del medio ambiente que tiene la falta de fuentes y baños públicos”. Además, “los datos ponen de manifiesto un tratamiento diferente de los ciudadanos según la parte del estado en la que residan, lo que infringe el artículo 139.1 de la Constitución, que establece la igualdad en todas las partes del territorio nacional.”

También han puesto el foco en la disparidad de criterios de los ayuntamientos para calificar qué se considera baño o fuente públicas y qué no. Algunos incluyeron en estas cifras los baños en edificios municipales o las fuentes ornamentales, a pesar de que no es esto lo que se solicitaba.

Cecu ha recordado que “esta insuficiencia de baños y fuentes públicas atenta contra los derechos humanos al agua y al saneamiento, reconocidos por la ONU, afecta especialmente a población con enfermedades intestinales crónicas y tiene un importante impacto de género y socioeconómico”.

“Es urgente aprobar una normativa estatal básica que unifique los criterios y marque unos mínimos obligatorios para cada ayuntamiento, con unos requisitos de intimidad, usabilidad e higiene que garanticen el cumplimiento de estos derechos y la prestación de un servicio público de calidad”, argumenta la entidad.


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