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Las patronales de dependencia están muy preocupadas por la reforma de las leyes de dependencia y discapacidad

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MADRID, 30 (SERVIMEDIA)

La Federación Empresarial de la Dependencia (FED) y la Asociación Estatal de Entidades de Servicios de Atención a Domicilio (Asade) esperan con “gran preocupación” la reforma de la Ley General de Discapacidad y de la Ley de Autonomía Personal y Atención a la Dependencia, que, previsiblemente, el Gobierno aprobará en los próximos días.

Así se pronunciaron los presidentes de ambas entidades, Ignacio Fernández-CID e Ignacio Gamboa, respectivamente, en declaraciones a Servimedia después de que esta agencia adelantase que el Consejo de Ministros prevé aprobar en su reunión del 11 de febrero el Anteproyecto de Ley de reforma de la Ley General de Discapacidad y de la Ley de Autonomía Personal y Atención a la Dependencia para adaptarlas al nuevo artículo 49 de la Constitución.

A este respecto, Fernández-CID reconoció que el sector de la dependencia ve “con gran preocupación” la reforma que el Ejecutivo pretende llevar a cabo, auspiciada por el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, y consideró “un error de base” la inclusión en la misma normativa de colectivos “con problemáticas muy distintas, como la discapacidad, los menores y otros grupos vulnerables”, al entender que “meterlos a todos en el mismo saco impide atender adecuadamente las necesidades específicas de cada uno”.

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Junto a ello, otro aspecto que le “inquieta” es la estrategia de desinstitucionalización, convencido de que, “sobre el papel suena bien, pero en la práctica es irrealizable si no va acompañada de los recursos adecuados”.

PROMESA QUE NO SE VA A CUMPLIR

“Es fácil decir que las personas dependientes deben envejecer en sus casas, pero la realidad es que actualmente un dependiente de grado 3 recibe, de media, apenas 57 horas de ayuda domiciliaria al mes. Claramente, esto es insuficiente”, abundó, al tiempo que criticó que se esté “vendiendo una promesa que después no se va a cumplir” y que, “si no se dotan de presupuesto suficiente”, estas medidas “generan falsas expectativas y frustración en las familias”.

En paralelo, advirtió de que hay “una cuestión clave que no se está abordando”, como es la falta de profesionales en el sector y se preguntó “de dónde van a salir” los trabajadores con los que se pretende reforzar la ayuda a domicilio y aumentar el número de asistentes personales.

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“Actualmente no los hay y no se están implementando políticas activas de empleo para atraer talento. Lo hemos advertido en numerosas ocasiones: hay que buscar soluciones, incluso en terceros países de habla hispana, para captar profesionales. Sin esto, las reformas son papel mojado”, sentenció.

Asimismo, estimó que “otro punto crítico” es la falta de actualización de los precios. “Se nos exige mejorar las condiciones laborales, aumentar los ratios de personal, todo lo cual apoyamos plenamente. Pero, ¿Cómo se supone que lo financiaremos si las tarifas siguen congeladas? Nos hablan de obligaciones presupuestarias, de leyes como la Ley Montoro, pero, ¿cuántos años llevamos con esta situación? Así es imposible garantizar un servicio de calidad”, apostilló.

DE ESPALDAS AL SECTOR

Por último, juzgó “inaceptable” que se “legisle de espaldas al sector” y afeó que el Gobierno no haya “contado con los interlocutores sociales” ni haya “negociado con los prestadores de servicios”.

“Nos hemos enterado de esta reforma prácticamente cuando ya estaba decidida”, continuó, al tiempo que subrayó que el 75% de la oferta en residencias y el 95% de la ayuda domiciliaria la gestionan ellos y se preguntó “cómo se puede hacer una reforma sin hablar con quienes sostienen el sistema”.

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Por todo ello, desde la patronal de la dependencia exigió “reformas con sentido, con contenido y, sobre todo, con un diálogo real con el sector”. “No queremos brindis al sol, queremos soluciones viables”, resolvió.

En la misma línea, Ignacio Gamboa también dijo “echar en falta” la participación de los “principales actores” del sector en el “debate, definición y trabajo” sobre una norma que considera “central de los servicios y prestaciones de cuidados a las personas dependientes”.

“No se ha participado, no se ha permitido participar, con lo cual estamos a la expectativa de aquello que próximamente, como parece anunciarse, se vaya a aprobar en el Consejo de Ministros”, concluyó.


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