El PSOE dice no tener miedo de esta medida pero señala que ha puesto en marcha medidas que ayudan a evitar la irregularidad de extranjeros
MADRID, 10 (EUROPA PRESS)
Representantes de la plataforma ‘Esenciales’, impulsora del proyecto de ley para la regularización extraordinaria de migrantes, ha pedido en el Congreso la tramitación de esta ley que beneficiaría, según han explicado, a unas 446.000 personas extranjeras que viven en el país en situación irregular. A su juicio, esto “es lo más decente que puede hacer un Estado de derecho” como España.
Mamadou Lamine, Gonzalo Fanjul y Yolanda Edith Espinola han sido los portavoces de esta iniciativa que, según han explicado, engloba a unas 800 organizaciones de la sociedad civil, y que han explicado ante la Comisión de Trabajo, Seguridad Social y Migraciones del Congreso los motivos por los que, a su juicio, el Parlamento debe tramitar su iniciativa.
Fanjul ha señalado que la migración “es un desafío demasiado grande para se ignorado” y, en este sentido, ha cifrado en entre 405.000 y 446.000 las personas extranjeras que actualmente residen en el país en situación irregular y que suponen, según sus cálculos, un 12% de la población extranjera general. También ha destacado que ocho de cada 10 de estos migrantes procede de América Latina, mientras que los extranjeros en situación irregular del África Subsahariana suponen menos del 10%. Del mismo modo, Fanjul ha destacado que 124.000 son niños y “en su mayoría menores de 10 años”.
En su intervención también ha destacado que ser migrante en esta situación supone multiplicar por tres el riesgo de pobreza y dejar a una “arbitrariedad alarmante” el acceso a derechos como la educación o salud “por miedo a exponerse”. El compareciente también ha puesto el foco en la situación de “extrema vulnerabilidad” labora que sufren estas personas que, según ha destacado, durante la pandemia ejerció oficios esenciales como “recogida de fruta y verdura, tareas de cuidados o reparto a domicilio”.
Sobre la situación laboral ha hablado también Lamine, quien ha calificado “semiesclavitud” la vida de algunas personas migrantes, mientras que Espinola ha reconocido que trabajadoras como las internas o las jornaleras tienen en ocasiones “un día libre a la semana o al mes” o, incluso “unas horas al mes”.
UN SISTEMA “PERVERSO”
La situación irregular en España, según ha indicado Lamine, evita que los migrantes sin papeles puedan “entrar en la rueda de un sistema” que ha calificado de “perverso” porque “las mantiene en la exclusión y en la precariedad”. En este sentido, ha advertido de la situación de niños nacidos en España que “heredan el estatus de migrantes de sus padres”.
En este sentido, Espinola ha denunciado lo “insuficiente” que ha sido la reforma del reglamento de la Ley de extranjería que se aprobó en agosto del año pasado porque, según ha indicado, “se ha puesto por delante las necesidades del mercado laboral de los derechos”. Espinola ha señalado que se consideran “requisitos contradictorios a la realidad de las personas migrantes”, como el arraigo por formación que “se convierte en un negocio para las empresas con cursos y una ruina para quien los necesita para salir de su situación”. También apunta la incapacidad de hacer esos cursos para quien tiene unas condiciones laborales que apenas le dejan hacer vida fuera de ese entorno.
“Sean valientes y actúen con toda la altura política”, han reclamado desde la Plataforma, para recordar que una regularización extraordinaria “no es magia, ni ideología”, ya que de las nueve que se han hecho en España en los últimos años, cinco fuero hechas por un Gobierno del PP y cuatro por uno del PSOE.
También han explicado que se han hecho hasta 33 regularizaciones en la UE entre 1998 y 2006 en 17 estados miembro y que tras la pandemia, Portugal, Italia y Francia llevaron a cabo una medida similar, mientras que Alemania la ha anunciado para llevarla a cabo próximamente.
CON CONDICIONES
Preguntados por los representantes de Ciudadanos y Junts, Miguel Gutiérrez y Mariona Illamola, respectivamente, sobre las condiciones que se requerirían para esa regularización, Fanjul ha respondido que esa debe ser la labor del Parlamento, aunque ha advertido que prácticamente todos los migrantes irregulares en España entrarían en los grupos a regularizar, ya sea por tiempo en el país, por ser menores, familias que sustentan a esos menores, trabajadores o personas en situación especialmente vulnerable.
Los portavoces de Unidas Podemos, Esquerra Republicana y PNV han mostrado en su intervención el apoyo a que esta iniciativa comience su tramitación en la Cámara baja, tal y como habían ya adelantado en diversos actos relacionados con esta medida.
Pero la Plataforma ‘Esenciales’ esperaban conocer la postura del PSOE que, en estos meses, no ha se ha pronunciado. Ha sido su portavoz en materia migratoria, Luc André Diouf, quien ha aclarado que su partido “no tiene miedo” a una regularización, pero ha señalado que el Gobierno de Pedro Sánchez ha llevado a cabo en esta legislatura medidas que han abierto la puerta a la llegada de migración por vías legales y seguras.
El diputado ha recordado la reforma de la Ley de Extranjería, la cooperación con terceros países y ha asegurado que el año pasado accedieron a España más de 12.000 personas con un visado de cuatro años para señalar la importancia de la “migración circular”. “Está funcionando”, ha apuntado.
“La política seguida por este Gobierno es la única manera de comprender que la migración es regular, ordenada y segura, es la única forma de proteger los derechos humanos de millones de personas que tienen el derecho a un futuro mejor, independientemente de lo que ocurra en su lugar de origen y es la única vía de luchar en contra de las organizaciones criminales que negocian con la desesperación y la vida de millones de personas”, ha declarado.
PP y Vox, por su parte, se han mostrado abiertamente en contra a tramitar la propuesta de regularización. El representante de los ‘populares’ José Ortiz, ha señalado que “la regularización masiva de inmigrantes no es la solución para atajar la inmigración irregular” y ha advertido al resto de grupos que, con esta propuesta, se puede convertir “una manera de hacer algo que es atajar un problema, haciendo de lo extraordinario algo completamente ordinario”. “Creemos que esta no es la solución”, ha apuntado.
Su homólogo de Vox, Juan José Aizcorbe, ha señalado que la obligación de los políticos españoles “es velar por el país, por las comunidades, por la supervivencia, seguridad y prosperidad de las calles, los pueblos, los barrios y los compatriotas” y ha defendido el derecho “a querer permanecer, a querer formar una familia, a ver a los hijos crecer en los países y las culturas en las que sus padres crecieron de forma pacífica y tranquila”.
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