MADRID, 20 (SERVIMEDIA)
La Plataforma de Infancia de España y la Fundación Raíces celebraron este jueves que el Gobierno actúe para abordar la situación de los menores migrantes no acompañados que se encuentran en Canarias y en Ceuta, pero mostraron su inquietud ante el hecho de que la fórmula escogida (la reforma del artículo 35 de la Ley de extranjería) “no sea suficiente para garantizar una acogida digna y respetuosa con los derechos de la infancia”.
Lo hicieron en un comunicado en el que recogieron unas declaraciones del director de la Plataforma de Infancia de España, Ricardo Ibarra, quien saludó que “se tomen medidas políticas para solucionar la situación de desamparo que sufren las niñas y niños que llegan a España sin sus familias, fundamentalmente en territorios como Canarias, Ceuta y Melilla”.
En ese sentido, estas entidades explicaron que ante la llegada de estos chavales a España “el respeto de los derechos humanos es una obligación constitucional y la protección de la infancia debe ser una prioridad, por lo que es necesario que se tomen medidas eficaces y sostenibles”.
Paloma García de Biedma, abogada de Fundación Raíces, indicó que optar por el decreto ley para regular la situación de los menores migrantes no acompañada “nos genera a los juristas enormes dudas respecto de su encaje en el sistema constitucional y, aunque parezca una solución para el momento de bloqueo actual, no es una medida óptima, no sólo por su posible temporalidad, de ser anulado, sino porque abre una puerta peligrosa para la garantía de los derechos fundamentales”.
A su juicio, “la vía jurídica más garantista, segura y duradera para regular la redistribución de la primera acogida y la protección de niñas, niños y adolescentes migrantes no acompañados, pasa por elaborar una Ley de Armonización, vía prevista en la Constitución, para regular las competencias autonómicas que afectan al interés general del Estado”.
También consideró necesario que “se implemente una evaluación temprana de necesidades previa al traslado, en la que prime el interés superior para cada niña, niño o adolescente, siendo especialmente importante la identificación de quienes se encuentren en necesidad de protección internacional”.
Por esa razón, las organizaciones de infancia pidieron al Gobierno, a las comunidades y a las ciudades autónomas que “se comprometan a priorizar el interés superior de las niñas, niños no acompañados, con el fin de alcanzar una solución duradera que garantice una acogida digna y respetuosa con la Convención sobre los Derechos del Niño”.
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