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“Las Organizaciones de Comercio Justo solicitan a los partidos políticos que combatan la pobreza y fomenten el consumo responsable”

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MADRID, 24 (EUROPA PRESS)

La Cordinadora Estatal de Comercio Justo (CECJ), ante las elecciones generales del próximo 23 de julio, ha remitido a los partidos políticos un documento con 7 propuestas que giran en torno a la lucha la pobreza, las desigualdades, el cambio climatico y el impulso del consumo responsable.

De este modo, reclaman el apoyo de las formaciones para el fortalecimiento del Comercio Justo, ya que, como argumentan, constituye un aliado para el avance de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

“El Comercio Justo impulsa un modelo comercial en el que los derechos de las personas y el medioambiente están en el centro de la actividad económica. Su efectividad en la reducción de la pobreza y las desigualdades y en la lucha contra el cambio climático ha sido avalada por Naciones Unidas y el Parlamento Europeo”, ha explicado el presidente de la CECJ, Alberto Abad.

Así, otras medidas planteadas van dirigidas a la promoción del consumo responsable y a la concienciación ciudadana sobre los impactos asociados al modelo de producción y consumo imperantes. Por ello, solicitan la incorporación de estos contenidos en los curriculums de Educación Primaria, Secundaria y Bachillerato, así como en otros espacios y niveles formativos. En esta línea, también demandan el fomento de campañas divulgativas a través de los medios de comunicación y de otras vías.

Asimismo, las organizaciones de Comercio Justo reivindican que las administraciones públicas, en sus compras y contratos, prioricen los productos que tengan un impacto social y ambiental positivo, y que su elaboración no haya vulnerado derechos esenciales.

Por último, la CECJ se ha unido a las reivindicaciones de otras ONGD y movimientos sociales y solicitan una asignación de un porcentaje presupuestario destinado a la cooperación al desarrollo, llegando al 0,7% en 2030, al tiempo que demandan la necesidad de aprobar una ley que garantice que las empresas respetan los derechos humanos y el medio ambiente en toda su cadena de producción, dentro y fuera de las fronteras de España.


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