MADRID, 18 (EUROPA PRESS)
ONG han celebrado el acuerdo al que ha llegado este martes el Gobierno y Junts para repartir a menores migrantes no acompañados, un “avance” ante una situación “grave”.
En este sentido, la ONG Servicio Jesuita Migrante (SJM) ha señalado en declaraciones a Europa Press que, a falta de conocer el texto definitivo, “preocupa la falta de responsabilidad que permite la instrumentalizacion política de la infancia migrante”.
En todo caso, ha indicado que es un “avance” que se desbloquee “una situación tan grave y que está produciendo la violación de los derechos de la infancia migrante”. “Si bien en el fondo tiene que ver con la falta de planificación y la infradotación de las capacidades para gestionar la acogida y la integración los flujos migratorios, especialmente de las personas migrantes más vulnerables. En este caso la infancia que migra sola”, ha apuntado.
Asimismo, el SJM ha criticado que se construye una “narrativa de crisis migratoria” cuando “es una situación recurrente que se lleva produciendo sistemáticamente los últimos 20 años”. “Aunque es un tema que afecta a los menores tutelados y por lo tanto a la competencia autonómica, nos preocupa que esa falta de planificación y a la larga en traspaso de competencias en migración debilite aún más la capacidad de dar respuestas garantista en el conjunto del estado”, ha advertido.
En la misma línea, el director general de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) ha aplaudido en declaraciones a Europa Press que “por fin” se desbloquee la situación de los menores migrantes no acompañados. “En general, sin conocer el detalle, que habrá que estudiarlo con detenimiento, saludamos que se establezca una medida y, además, que sea obligatoria para el conjunto de las comunidades autónomas si no lo consensúan previamente”, ha señalado.
También ha celebrado que la aprobación de este real decreto ley vaya acompañado de una dotación económica, “lo cual puede permitir que ese mecanismo de asignación obligatoria no tenga que llegar a operarse porque las propias comunidades autónomas lo asuman de manera voluntaria”, un escenario que para CEAR sería el “ideal”.
En todo caso, CEAR considera “demasiado” el plan del Gobierno de activar la contingencia obligatoria solo cuando haya una sobreocupación de tres veces la capacidad de acogida de una determinada comunidad autónoma. “Con respecto a borradores anteriores que hablaban de una sobreocupación de 150%, pues el llegar a un 300% nos parece excesivo”, ha expuesto.
Ademas, respecto al plazo de 15 días para la derivación de menores, CEAR lo ve un plazo “muy difícil” de cumplir. “No tanto porque no sea el ideal, que por supuesto mientras los plazos sean más cortos mejor, sino porque en el caso de que no se ejecute, ¿en qué situación se quedaría el menor? ¿prolongaría su estancia en una situación de saturación del dispositivo en el que esté? Y eso nos parece que es un asunto preocupante”, ha explicado Valiente.
Respecto a críticas por parte de las comunidades autónomas de Madrid y Valencia, Valiente ha dicho que confía “en el sentido común” y en la aplicación del principio de legalidad que obliga a todas las personas, a todos los ciudadanos, pero sobre todo a todas las Administraciones.
Por otro lado, la responsable de Campañas y Comunicación en Accem, María Tejada, ha destacado que “todo acuerdo y política que contribuya a proporcionar “una mejor acogida y una mayor protección” a los menores no acompañados que llegan a España va a ser “siempre bienvenida por parte de esta ONG.
“En ACCEM consideramos que un reparto solidario no solamente ayudará a responder a una situación puntual, que tiene que tener ya una respuesta de forma urgente para poder proteger a los menores, sino que también contribuirá a ir generando soluciones a largo plazo que ayuden a dar respuesta a la situación de vulnerabilidad agravada que viven los menores que llegan solos a nuestro país”, ha subrayado.
Para Accem, los menores migrantes no acompañados “deben estar en el centro de las políticas públicas”. “Y bajo ese punto de vista ACCEM siempre va a estar a favor de políticas que contribuyan a mejorar su bienestar y protegerlos”, ha apuntado.
ENTREVISTA INDIVIDUAL ANTES DEL TRASLADO
Desde las ONG de infancia, UNICEF España ha acogido “con satisfacción” que se haya llegado a un acuerdo y ha pedido que los traslados se lleven a cabo “con todas las garantías posibles”, que “prevalezca en todo momento el interés superior” del menor y que se escuche a los niños y se evalúe su situación “de forma individual”.
“Esperamos que se apruebe definitivamente, que se ejecute con la corresponsabilidad y la cooperación de todas las comunidades autónomas, que haya apoyo y recursos suficientes del Gobierno central para todas ellas y también que se lleven a cabo estos traslados con todas las garantías posibles, de manera que en todo momento estos niños y niñas estén protegidos”, ha pedido la especialista en migraciones de UNICEF España, Sara Collantes.
Según Collantes, la situación de la infancia no acompañada en Canarias y Ceuta es “extraordinariamente preocupante” desde hace meses y la “saturación” del sistema de protección de la infancia en frontera sur es “insostenible”. “Canarias tiene más de 5.500 niños en un sistema preparado para 2.000 y Ceuta tiene los centros cuatro veces por encima de su capacidad”, ha alertado.
En esta misma línea, Save The Children ha asegurado que estaban “esperando con ganas” que se alcanzase algún consenso en torno a esta cuestión y pide que se incluya “una entrevista individual” con cada menor que vaya a ser trasladado “para identificar las necesidades” de cada uno.
“Llevamos tiempo diciendo que la situación en Canarias es insostenible pero también que hay que resolver esto de una manera que sea estructural, tiene que haber una previsión”, ha subrayado la directora de Incidencia Social y Políticas de Infancia en Save the Children España, Catalina Perazzo, en declaraciones a Europa Press.
Además, ha insistido en la importancia de que se escuche a los menores. Según Perazzo, el borrador de la modificación del artículo 35 al que tuvieron acceso en su momento tenía “espacio de mejora” en el sentido de que “no se preveía ninguna interactuación con los niños” antes de su traslado para poder tener en cuenta, por ejemplo, si tienen algún familiar en alguna comunidad, alguna necesidad de salud mental o alguna razón para solicitar protección internacional.
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