MADRID, 26 (EUROPA PRESS)
Las ONG Fundación Raíces y Coordinadora de Barrios han anunciado que emprenderán “acciones oportunas” tras declarar el Supremo ilegales otras 12 devoluciones de menores no acompañados de Ceuta a Marruecos el 16 de agosto de 2021.
“Estudiaremos la situación individualizada de cada uno y conforme a su interés emprenderemos las acciones oportunas para el restablecimiento de sus derechos y para reparar el daño sufrido y la vulneración de su derecho a la integridad física y moral, tal y como ha reconocido el Supremo”, han expuesto las ONG en un comunicado conjunto.
El Tribunal Supremo (TS) ha rechazado los recursos de la Delegación del Gobierno y la ciudad de Ceuta. Además, ha considerado vulnerado el derecho a la integridad física y moral de los jóvenes y que no se valoró el interés superior del menor.
Precisamente, hace cuatro días, el TS confirmaba que la devolución de ocho menores no acompañados de Ceuta a Marruecos en 2021 fue ilegal por la “absoluta inobservancia” de las prescripciones de la Ley de Extranjería.
Las organizaciones Andalucía Acoge, Coordinadora de Barrios, Elin, ExMenas Madrid, Fundación Raíces, Gentium, Maakum y No Name Kitchen denunciaron por distintas vías la “ilegalidad” de estas repatriaciones.
“De los ocho menores de la sentencia 86/2024 hoy todos han cumplido ya 19 años y uno tiene 20. Todos ellos fueron inicialmente repatriados. De ellos, solo dos consiguieron volver a nado, arriesgando de nuevo sus vidas. De los seis que se quedaron en Marruecos, todos están localizados, uno de ellos en una situación de abandono absoluto, viviendo en la calle desdeentonces y en una situación de enorme deterioro y riesgo”, han explicado las ONG.
Igualmente, han expuesto sobre los 12 de esta nueva sentencia notificada, que dos siguen siendo menores de edad actualmente, uno está en Ceuta y otro en Marruecos, cinco tienen 18 recién cumplidos, cuatro tienen 19 y uno ya ha cumplido 20 años. También han precisado que seis de ellos están en España, “bien porque su repatriación fue paralizada gracias a las medidas cautelares adoptadas por el Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº2 de Ceuta, bien porque tras ser repatriados volvieron a cruzar la frontera por sus propios medios poniendo su integridad nuevamente en riesgo”.
Es el caso de Abdelhakim Zerrad, un joven de 19 años que fue uno de los afectados. Volvió a poner su vida “en riesgo” para regresar a España tras la repatriación. Actualmente, trabaja en Vigo como ayudante de cocina en un restaurante colaborador del Programa ‘Cocina Conciencia’, de Fundación Raíces. “Dijimos que éramos menores. Nadie nos escuchó. La policía nos llevó engañados a la frontera, nos dijeron que nos llevaban a otro centro de acogida en Ceuta”, ha asegurado.
“QUEDA RESTAURAR EL DAÑO CAUSADO”
En esta línea, el presidente de Coordinadora de Barrios, Javier Baeza, ha recalcado que la sentencia “recuerda a las autoridades que no puede haber recortes en los Derechos de la infancia”. En todo caso, ha destacado que “ahora queda restaurar el daño causado a los niños afectados, reconstruir su confianza y asegurar que algo así no vuelva a pasar”.
La abogada de Coordinadora de Barrios, Patricia Fernández, ha indicado que el pronunciamiento de la Justicia es “claro”, que las devoluciones de los niños “fueron expulsiones colectivas, prohibidas por el Convenio Europeo de Derechos Humanos”. “Una gravísima violación que puso en grave riesgo a 55 niños. Este pronunciamiento del Tribunal Supremo tiene que contribuir a poner coto a las violaciones de derechos en nuestras fronteras”, ha precisado.
Por su parte, la presidenta de Fundación Raíces, Lourdes Reyzábal, ha expuesto que “es muy preocupante que en un Estado de Derecho, sea el Ministro de Interior y el Gobierno quien no asuma la jurisprudencia y quien niegue validez a los hechos probados en los tribunales”.
Asimismo, la abogada de Fundación Raíces, Paloma García ha subrayado que “ahora cabe exigir a la Administración del Estado y de la Ciudad de Ceuta que dejen de poner trabas a estos niños y jóvenes y cumplan voluntariamente las Sentencias”. Además, ha destacado que “está en juego la respetabilidad de España como Estado de Derecho”.
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