MADRID, 12 (EUROPA PRESS)
Organizaciones de infancia y de derechos humanos consideran “urgente” continuar con la tramitación en el Congreso de la reforma del procedimiento de determinación de la edad de niñas y niños no acompañados y piden corregir algunos puntos como que se dé validez a la documentación auténtica emitida válidamente por los países de origen o que haya un trámite de alegaciones.
Este jueves 13 de marzo se debatirá en el pleno del Congreso de los Diputados dos enmiendas a la totalidad –presentadas por PP y Vox– al Proyecto de Ley por la que se modifica la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, para regular el procedimiento de determinación de la edad.
La Plataforma de Infancia, Fundación Raíces, Extranjeristas en Red, Voluntarios por otro Mundo, Servicio Capuchino para el Desarrollo (SERCADE), Amnistía Internacional, Coordinadora Obrim Fronteres, Col.lectiu Hourria, Associació Noves Vies, Fundación San Juan del Castillo-Pueblos Unidos, Servicio Jesuita a Migrantes, Save the Children, Andalucía Acoge y la Federación de Asociaciones para la Prevención del Maltrato Infantil (FAPMI), han hecho llegar a los distintos grupos políticos una propuesta de enmiendas al proyecto de ley para regular el procedimiento de determinación de la edad.
Las organizaciones celebran el inicio de tramitación de esta reforma, que consideran que incorpora algunas garantías esenciales, como su configuración como un procedimiento judicial o la previsión de la asistencia jurídica gratuita y preceptiva. Sin embargo, consideran que el procedimiento previsto en el proyecto de ley en tramitación parlamentaria “no cumple plenamente con la jurisprudencia del Tribunal Supremo, los dictámenes del Comité de los Derechos del Niño, las recomendaciones del Defensor del Pueblo, ni las Directrices acordadas al respecto por el Consejo de Europa”.
En concreto, alertan sobre los riesgos del procedimiento previsto en el proyecto de ley en relación a la infancia migrante no acompañada como, por ejemplo, “que permite no dar validez para determinar la edad a documentación auténtica emitida válidamente por los países de origen; que genera una gran inseguridad jurídica la configuración del procedimiento como urgente, sin un trámite de alegaciones; o que es contrario al interés superior del menor la falta de previsión de recurso ante la denegación de las medidas cautelares de protección de la niña o niño”.
“Las organizaciones consideramos que la reforma debe continuar y pasar a la fase de enmiendas al articulado para incorporar todas las garantías necesarias de acuerdo con la Convención sobre los Derechos del Niño. De esta reforma depende que los derechos de miles de niñas, niños y adolescentes migrantes no acompañados dejen de vulnerarse de forma sistemática”, ha apuntado la responsable de Incidencia Política de la Plataforma de Infancia, Almudena Escorial.
Según explican, el actual procedimiento de determinación de la edad supone una “grave vulneración de los derechos” de la infancia y la adolescencia migrante y tiene “consecuencias muy graves” en la vida de estas niñas y niños.
“Preocupa, entre otras cosas, que haya niños y niñas que sean llevados a centros con personas mayores de edad o que estén en situación de calle”, señala Paloma García de Viedma, de Fundación Raíces. En este sentido se han pronunciado diferentes organismos como, por ejemplo, el Defensor del Pueblo, el Comité de los Derechos del Niño, el Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional, según recuerda.
- Te recomendamos -
