MADRID, 10 (EUROPA PRESS)
ONG han celebrado que el Gobierno vaya a regularizar a 25.000 migrantes afectados por la dana, pero han instado a los grupos parlamentarios a aprobar la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) para la regularización extraordinaria de medio millón de extranjeros.
En este sentido, Victoria Columbia, del movimiento Regularización Ya, propulsor de la iniciativa, ha dicho que esta medida que está previsto que apruebe este martes el Consejo de Ministros, ha sido fruto de la “presión ciudadana” de los últimos meses. Además, ha indicado que, aunque llega “un poco demorada”, espera que no impida la aprobación de un “mecanismo de democracia directa”, como es la ILP regularización.
“Entendemos positivo y que han oído nuestro reclamo. Realmente, venimos diciéndolo alto y claro, las personas en Valencia quedaron en el abandono de las instituciones y las administraciones”, ha apuntado en declaraciones a Europa Press.
Si bien, ha avisado que puede haber gente que se quede fuera de esta medida por la imposibilidad de probar que vivía en cualquiera de los municipios afectados. En este sentido, ha explicado que muchas personas no han tenido acceso al padrón durante toda su estadía. “Gente que lleva años aquí sin poder empadronarse por la falta de acceso a una vivienda, a un alquiler digno”, ha lamentado.
En esta misma línea, ha expuesto que esta regularización ante un contexto extraordinario pudo haberse hecho en la pandemia del covid. “Se está haciendo ahora y ahora toca aprobar la ILP de regularización, que será un acto de valentía por parte de todas las fuerzas políticas para poner el contador a cero en materia de irregularidad administrativa”, ha recalcado.
Igualmente, la coordinadora estatal de Jurídico de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR), Elena Muñoz, ha indicado que es una “muy buena noticia” que va a facilitar el acceso a todas las ayudas y a toda la integración de las personas afectadas. En todo caso, ha pedido esperar al acuerdo de este martes del Consejo de Ministros.
“En diciembre creo que se empezó a hablar de la posibilidad de flexibilizar la renovación de permisos, que, a lo mejor, no podían cumplir los requisitos de renovación, precisamente por estar afectados por la dana, porque habían perdido sus empleos, no tenían forma de acreditar la vivienda adecuada, etcétera. Y ahí nosotros, las entidades sociales, seguimos reclamando que no solo fuera la flexibilización de las renovaciones, sino también el acceso, por primera vez, a un permiso de residencia a aquellas personas que han sido afectadas”, ha explicado Muñoz.
También ha añadido que para los afectados por la dana es una “buena medida”, pero que se necesita también una “más general” de regularización de todas las personas que se encuentran en España.
Por otro lado, Oxfam Intermón ha valorado “positivamente” la decisión del Gobierno de activar un paquete de medidas para dar respuesta a la situación de los migrantes que residen en los municipios afectados por la dana.
“Contar con prórrogas automáticas de permisos de residencia y trabajo que ya estaban por vencer o vencidos tras la DANA dará una mayor protección a todas esas personas migradas que han visto sus vidas rotas por esta catástrofe y que ya no tenían mecanismos para renovar sus permisos”, ha señalado la responsable del programa Desigualdad Cero de la ONG, Raquel Checa.
Sin embargo, ha agregado que “preocupa” que la regularización de todas estas personas se haga “solo si pueden demostrar que estaban empadronadas o con cita previa ya confirmada, previo a la fecha de la dana”.
OXFAM INTERMÓN ALERTA DE UN “PROBLEMA GRAVE” CON EL EMPADRONAMIENTO
En este sentido, ha advertido del “problema grave” existente en España con el empadronamiento, “debido a las barreras administrativas que impiden que toda persona migrada pueda empadronarse”. “Es muy posible que vecinas y vecinos migrados residentes en esos municipios cuando les impactó la dana”, ha explicado Checa.
Para la ONG, es necesario flexibilizar este requisito administrativo “para que no sea la única forma de demostrar que residían o trabajaban allí y que han sido afectadas”. Para ello, ha instado a las administraciones a poner “los recursos humanos y materiales necesarios para que estas medidas puedan llevarse a cabo a la mayor celeridad posible”.
El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones cifra en el entorno de los 98.000 potenciales beneficiarios de estas medidas, de acuerdo a los registros del INE, cotejados con las Oficinas de Extranjería de las zonas afectadas. Y, respecto a las autorizaciones de residencia por circunstancias extraordinarias, esta medida podrá ayuda a alrededor de 26.000.
Esta autorización tendrá una vigencia de un año y habilitará a estas personas para residir y trabajar en España. Las solicitudes deberán ser presentadas en el plazo máximo de tres meses desde la vigencia de estas instrucciones.
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