MADRID, 07 (SERVIMEDIA)
La Coordinadora de ONG para el Desarrollo (Congde) pidió este miércoles al Gobierno “cumplir con su compromiso de invertir el 0,5% del PIB en ayuda oficial al desarrollo para 2023”, lo que implica prácticamente duplicar esta partida en los Presupuestos Generales del estado (PGE) del año que viene.
Así lo indicó a Servimedia la directora de la Congde, Maite Serrano, con motivo del Día Internacional de las Personas Cooperantes que se celebra mañana jueves, 8 de septiembre. Según explicó, la inversión prevista para 2022 es del 0,27% del PIB, de modo que alcanzar el 0,5% en los PGE 2023 supondría “casi duplicarla”. “Con todo, somos conscientes de la dificultad de este objetivo para finales de legislatura, cuando en los años previos no se ha llevado a cabo la subida paulatina que era precisa”, admitió.
Por eso, agregó, “hemos remitido al Gobierno una propuesta de conseguir por lo menos el 0,4% del PIB en los próximos PGE”. A su juicio, “esto nos demostraría al menos que están comprometidos con el 0,7% para 2030”.
Serrano mostró además “su preocupación” y “temor” por la recesión, deseando que la crisis económica sirva de “excusa para justificar” un recorte en estos compromisos de inversión. Asimismo, se refirió a la Nueva Ley de Cooperación, que sustituirá a la actual de 1998 y que “previsiblemente se aprobará a finales de año”. “Se trata de una reforma muy necesaria para modernizar todo el sistema y poner a España al nivel de los países de nuestro entorno”, defendió Serrano. Ahora bien, “de nada nos servirá tener una ley muy buena si no le damos financiación”, recalcó.
ESTATUTO DEL COOPERANTE
En esta línea, habló de la aprobación de un nuevo Estatuto del Cooperante (el vigente es de 2007), que según el proyecto de ley deberá estar listo seis meses después de su ratificación por las Cortes, igual que otros desarrollos legislativos como el de la Agencia española de Cooperación.
Serrano defendió que el futuro Estatuto debe “ajustarse a las nuevas realidades de la cooperación”, pues ”en estos años, han aumentado los conflictos y hay más dificultades para que las personas cooperantes realicen su trabajo sobre el terreno”.
Por ello, pidió al Gobierno que “facilite la expedición de visados de cooperación” en aquellos países que “dificultan la presencia de las ONG” y que, a través de las embajadas, consulados y misiones diplomáticas, intervenga también para que dichos estados permitan a “nuestros trabajadores acceder a las zonas donde deben llevar a cabo su labor”.
Por otra parte, abogó por recoger “una mejora de las condiciones laborales de los cooperantes, sobre todo a la hora de facilitar su conciliación familiar y el apoyo cuando retornan a España”.
A su juicio, otro punto pendiente que la nueva norma tendría que contemplar es “mejorar la seguridad sobre el terreno de estas personas”, agregó. Según los últimos datos de la Aecid, alrededor de 2700 españoles y españolas trabajan en proyectos de cooperación en países socios. De ellos, 522 lo hacen para alguna ONG, donde el 57% son mujeres.
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