MADRID, 16 (EUROPA PRESS)
La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez; el ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo; y la ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, han firmado este miércoles un protocolo para la promoción de viviendas de alquiler a precios asequibles para el colectivo asociado a la vida universitaria, como son estudiantes y personal docente o investigador.
El protocolo contempla una serie de medidas en el ámbito de las competencias de los tres ministerios para incrementar la oferta de viviendas universitarias y garantizar que las nuevas universidades ofrezcan soluciones habitacionales a sus estudiantes como requisito necesario para su implantación.
Entre esas medidas está la puesta en marcha de mecanismos de financiación para dotar de recursos a las universidades públicas para alojamientos y viviendas universitarias, especialmente en zonas tensionadas, posibilitando que las promociones se desarrollen en suelos dotacionales o patrimoniales, cedidos o puestos a disposición principalmente por comunidades autónomas o ayuntamientos.
La ministra Isabel Rodríguez ha señalado en su intervención que el documento rubricado hoy “es un compromiso de poner a disposición el suelo público al servicio de las universidades”.
“No vamos a parar hasta que demos respuesta al problema que hoy tiene nuestro país en materia de vivienda, un problema que hoy es transversal y global, pero que desde la política, desde la acción pública y desde el compromiso con la ciudadanía le vamos a dar la respuesta que merece”, ha señalado.
Rodríguez ha incidido en que, además de hablar, tienen “la responsabilidad de escuchar”. La ministra ha defendido que el protocolo suscrito este miércoles “surge de la capacidad de escucha de este Gobierno”. “Ya que cuando empezamos a abordar cómo se estaba comportando la situación del mercado del alquiler en España donde vimos movimientos que van en una dirección quizás contraria a la defensa de esa universidad pública garantista del ascensor social, contemplando la universidad y el conocimiento no como un desarrollo social”, ha dicho.
Por otra parte, la ministra Diana Morant ha destacado que “la crisis de la vivienda está afectando también al derecho a estudiar una carrera universitaria, un paso clave para el progreso individual y colectivo”. “El acceso a la universidad solo debería estar limitado por el mérito y el esfuerzo de las personas, no por cuestiones económicas ni por el afán especulativo de quienes mercadean con derechos básicos como la vivienda o la educación”, ha apuntado.
Morant también ha subrayado que el Gobierno, a través de tres ministerios firmantes de este protocolo, están “trabajando juntos para contribuir a arreglar uno de los principales problemas que sufren muchos españoles, especialmente los jóvenes, provocado por años de burbuja inmobiliaria y políticas contra el interés general”.
“Hoy damos un paso al frente en el ambicioso plan del Gobierno para asegurar viviendas dignas para toda la ciudadanía”, ha comentado.
UN ACUERDO CLAVE PARA EL ALQUILER ASEQUIBLE PARA UNIVERSITARIOS
El presidente del ICO, Manuel Illueca, ha puesto en valor que “el trabajo conjunto de los tres Ministerios es clave para impulsar la promoción de viviendas que se destinen al alquiler asequible para colectivos universitarios”.
“Esta colaboración nos ayudará a identificar las actuaciones que tenemos que llevar a cabo y contamos con los recursos necesarios gracias a los préstamos del Plan de Recuperación para acometerlas en las mejores condiciones”, ha manifestado.
El protocolo firmado se enmarca dentro del acuerdo alcanzado por el Consejo de Ministros el pasado 9 de mayo por el que el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana y el Instituto Oficial de Crédito se comprometen a desarrollar una nueva línea de préstamos a largo plazo de 4.000 millones de euros para ampliar el parque de vivienda destinada al alquiler asequible o social, en el marco de la adenda al Plan de Recuperación, sobre suelo público o privado, y para la rehabilitación de edificios, tanto de titularidad pública como privada, que vayan a destinarse a vivienda habitual en alquiler social o asequible durante 50 años.
En las últimas décadas, se ha multiplicado el número de universidades, aumentando y diversificando la oferta educativa superior en numerosos lugares del territorio nacional, no solo en grandes ciudades sino también en núcleos más pequeños, incidiendo directamente en el mercado inmobiliario del alquiler.
Según los datos disponibles, casi el 75% de nuestras universitarias y universitarios estudian en una ciudad distinta en la que residen y casi el 30% ha de cambiar de provincia para estudiar en alguno de los 180 centros universitarios con estudios presenciales que se distribuyen en nuestro país.
En grandes capitales como Madrid, Barcelona, Valencia o Sevilla, los universitarios que estudian en la ciudad constituyen entre el 5 y el 10% de su población total y en otros municipios donde se han ubicado universidades, como Villafranca de la Cañada, Cerdanyola del Vallés o Sant Vicent del Raspeig, las y los estudiantes representan entre el 42 y el 72% de la población local.
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