MADRID, 09 (SERVIMEDIA)
La Confederación Nacional de la Construcción (CNC) alertó este miércoles de que las nuevas exigencias laborales y medioambientales han disparado en torno al 50% los gastos generales para las constructoras durante los últimos 20 años, por lo que exigió que se eleve al 17% el porcentaje de gastos generales que sobre el presupuesto de ejecución pueden repercutir las empresas a las administraciones para evitar un “frenazo” de la contratación pública.
Estas son las principales conclusiones de un informe elaborado por la CNC y presentado en un desayuno informativo por el presidente de dicha patronal sectorial, Pedro Fernández Alén, quien calificó de “absolutamente insuficiente” que las compañías solo puedan repercutir un 13% de gastos en líneas Generales.
Entre los nuevos mandatos legales de las últimas dos décadas que han incrementado los costes para las empresas, Alén destacó obligaciones en materia laboral -como la implantación de sistemas de protección de datos personales, de registro de jornada o del canal de denuncias-, el incremento de ciertas cargas fiscales, las mayores exigencias medioambientales o los efectos de “segunda ronda” que acarrean los sucesivos incrementos del salario mínimo interprofesional (SMI), aunque el sector está por encima de ese indicador. En concreto, Alén resaltó que se ha revalorizado algo más del 60% desde 2010.
El informe subraya también que la subida de los gastos generales se suma al incremento de los costes asociado a las tensiones inflacionistas de los últimos años que han llevado los precios de los materiales y de la energía hasta máximos históricos, sin haberse aprobado un mecanismo para revisar los contratos públicos, alertando de las posibles consecuencias si no hay una contraprestación paralela por parte de la Administración.
Por ello, la patronal ya ha informado al Gobierno de que seguirá habiendo un número significativo de licitaciones de obras que quedarán desiertas porque muchas constructoras no podrían acudir a la licitación, lo que reduciría la competencia empresarial.
Así, para evitar un posible parón de la contratación pública, CNC también propone modificar el Reglamento general de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas y recuperar la horquilla del porcentaje entre el 16 y el 20% de gastos generales que pueden repercutir las constructoras sobre el presupuesto de ejecución material, lo que ya estuvo recogido en la normativa reglamentaria hasta 1987.
Tras consultar a constructoras de diferentes tamaños, desde PYMES a grandes grupos empresariales, CNC concluye que “las empresas contratistas de la administración vienen adoptando medidas de optimización de costes y mejoras tecnológicas que aumentan su productividad y eficiencia, pero que no pueden compensar por sí solas el incremento de los gastos de estructura acumulado a lo largo de los años para cumplir con las nuevas exigencias, lo que erosiona su competitividad, lastra el acceso al mercado de la contratación administrativa y, en última instancia, agrava la ya de por sí mala situación que atraviesa la contratación pública en España”.
TOTALMENTE ENFERMA
En este sentido, Alén incidió en el problema creciente de las licitaciones públicas que quedan desiertas y atribuyó este hecho a que la contratación pública está “totalmente enferma”. Como causas, la patronal llama la atención acerca de la escasez de trabajadores, la falta de un mecanismo para revisar los precios de los contratos, del abuso de los medios propios por parte de la Administración o de los problemas que genera el actual sistema de clasificación.
En concreto, y según los últimos datos disponibles, en el primer trimestre de 2023 quedaron desiertas 318 licitaciones, de manera que no se pudieron ejecutar obras por valor de 189 millones de euros. En el conjunto de 2022, casi el 10 % de las obras tampoco tuvieron empresas licitantes.
Se trata de una situación que afecta a la ejecución de las ayudas comunitarias asignadas en el Plan de Recuperación, pero también a la construcción de viviendas, que urge acelerar frente al actual desajuste que sufre con respecto a la creación de hogares, lo que en opinión de CNC podría desatar una “crisis inédita en España”. Por ello, propone un aumento de la oferta de todos los tipos de vivienda hasta por lo menos las 150.000 anuales.
En este marco, la construcción considera que los “ambiciosos” objetivos que se ha marcado el Gobierno en materia de vivienda no podrán lograrse si no se refuerza una colaboración público-privada alejada de las tensiones políticas, para lo que pide compensar la subida de gastos generales.
“El Gobierno puede fácilmente, sin necesidad de modificación normativa, elevar al 17% los gastos que pueden repercutir las empresas a todos los órganos de contratación, lo que no terminaría de solucionar los problemas, pero al menos aliviaría la situación”, apremió el presidente de la CNC, quien puso como ejemplo que la Junta de Extremadura ya ha llegado a ese 17% y Canarias al 16%.
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