MADRID, 12 (SERVIMEDIA)
El número de jubilaciones demoradas en agosto de 2024 alcanzó casi la barrera del 10%, un dato que supone casi el doble que en el mismo mes de 2021, cuando era del 4,8%. En cambio, la cifra de jubilaciones activas (compatibilidad entre pensión y trabajo) sigue “estancada”.
Así lo manifestó la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, durante su comparecencia en la Comisión del Pacto de Toledo del Congreso de los Diputados, con el fin de informar sobre el acuerdo suscrito entre el Ministerio de Seguridad Social, los sindicatos y la patronal el pasado mes de julio.
Dicho pacto se centra en la mejora de la compatibilidad de la pensión de jubilación con el trabajo, la regulación de un nuevo procedimiento de acceso a la jubilación en aquellas actividades con elevada peligrosidad y en el mejor aprovechamiento de los recursos asistenciales de las mutuas en procesos traumatológicos de los empleados.
La ministra repasó la letra pequeña del pacto con los agentes sociales y recordó que supone una continuación de la reforma de pensiones aprobada en varias fases durante la pasada legislatura. En concreto, en 2022, se impulsaron nuevos incentivos para favorecer la jubilación voluntaria demorada que con el nuevo pacto se van a mejorar.
También se mejoran las jubilaciones activas, dado que, si los incentivos al retraso de la edad de jubilación están funcionando, no sucede lo mismo con la de carácter activo, por lo que también se refuerza este aspecto en el acuerdo de este año, según relató la ministra.
CONTRATO RELEVO
En cuanto a la jubilación parcial, el pacto incorpora mejoras en ámbitos como la mejora de la compatibilidad entre pensión y trabajo o avances en el contrato relevo, clave para el “rejuvenecimiento de las plantillas” de las empresas, según la ministra. En este sentido, concretó que en estos momentos hay 51.214 relevistas indefinidos, de los que 50.793 son indefinidos a tiempo completo, y 14.737 son temporales.
Por otro lado, Saiz recordó que el pacto incluye mejoras en la jubilación anticipada en profesiones peligrosas y penosas cuando no sea posible adaptar las condiciones de trabajo y con criterios objetivos.
“Por lo tanto, se trata de dar respuesta a aquellas situaciones en las que no solo no es posible la prolongación de la carrera profesional, sino que concurren circunstancias que hacen particularmente gravoso (por peligrosidad, penosidad, toxicidad o insalubridad) el desarrollo de la actividad desde edades previas a la de jubilación ordinaria, razón por la cual se contempla el posible reconocimiento de coeficientes reductores de esa edad”, añadió la ministra.
FIJOS DISCONTINUOS
Asimismo, resaltó la mejora en el acceso a la jubilación de los trabajadores fijos discontinuos, para lo que se ha pactado recuperar el coeficiente multiplicador del 1,5 aplicable al tiempo cotizado, para “evitar situaciones no pretendidas en ningún momento”. A su juicio, es una medida con una “importante dimensión de género”, pues casi el 70% de quienes están acogidos a estos contratos son mujeres.
En otro orden de cosas, la ministra puso en valor el refuerzo del papel de las mutuas en la recuperación de los trabajadores con enfermedades de carácter traumatológico.
“Se trata de una vía que nos debe permitir utilizar mejor los recursos públicos y que debe tener un impacto directo en la vida y la salud de las personas trabajadoras, beneficiando así, también, la actividad empresarial”, argumentó Saiz.
Al respecto, comentó que “la norma establece un instrumento jurídico que entendemos que es a la postre la fórmula más adecuada para estas intervenciones”. Se trata de convenios de colaboración a suscribir entre la Consejería de Sanidad de cada una de las comunidades autónomas, las mutuas colaboradoras con la Seguridad Social, la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social y el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) para procesos de incapacidad temporal derivados de determinadas patologías de origen traumatológico que se listarán en el propio convenio y que afecten a trabajadores en los que la cobertura de la prestación económica corresponda a una mutua.
CONSENTIMIENTO
“Ello, lógicamente, requerirá del previo consentimiento informado del paciente, a través de los medios informáticos del INSS, que podrá ser revocado en cualquier momento y lógicamente todo ello se llevará a cabo con respeto de las garantías de intimidad, sigilo, confidencialidad, consentimiento informado y coordinación con el profesional sanitario del sistema público de salud”, precisó la ministra.
Igualmente, la titular de la cartera de Seguridad Social subrayó que el pacto incluye reconocimientos para las empresas que ejecutan buenas prácticas en materia de prevención de riesgos laborales y promoción de la salud laboral.
“Este acuerdo es una inversión en el futuro de España, porque es un acuerdo que mejora las condiciones de vida de quienes hoy están en activo y de quienes se jubilarán en el futuro”, sentenció Saiz.
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