MADRID, 26 (EUROPA PRESS)
Alianza Contra el Borrado de las Mujeres reclaman al Gobierno que acabe con “las políticas que dirigen a menores al consumo de dañinos fármacos inhibidores de la pubertad y que cree unidades médico-sanitarias especializadas para quienes detransicionan”.
La plataforma de organizaciones de mujeres ha realizado aportaciones a la consulta pública abierta por el Ministerio de Juventud e Infancia para su reforma de la conocida como Ley Rhodes (2021).
En sus aportaciones, las feministas llaman la atención para que se impida la divulgación, en los centros educativos, de contenidos anticientíficos que ocultan la realidad biológica del sexo de pertenencia y reclaman que “se ponga freno a la difusión de contenidos que niegan el carácter binario e inmutable del sexo”.
Asimismo, propone que para respetar el derecho de niñas y adolescentes a la privacidad, seguridad y dignidad en los espacios de intimidad, se especifique en la Ley que, en los centros educativos, los baños, duchas y vestuarios se mantengan segregados por sexos.
El mismo criterio se demanda para la práctica deportiva para las competiciones en los centros o en las ligas interescolares, de forma que a excepción de las edades prepúberes donde es de aplicación el criterio coeducativo, las categorías deportivas se organicen por sexo desde el mismo momento de inicio de la pubertad.
Las aportaciones realizadas por la Alianza Contra el Borrado de las Mujeres proponen que, con carácter general, se elimine, en todo el articulado, la terminología enfocada a sustituir en concepto sexo, por el concepto género, y recuerda que “no es científica la idea de que exista una ‘identidad’ innata vinculada a comportamientos estereotipados y que sean estos los que definan el sexo de las personas”.
“El género no es, como se pretende en esta ley, una identidad humana. Es una imposición de roles diferenciados para niñas y niños. Pretender incorporar desde la legislación ideas que chocan contra los principios de la igualdad y la coeducación, es un gigantesco retroceso en el camino hacia la igualdad entre mujeres y hombres”, advierten.
CAMBIAR ‘RAZÓN DE GÉNERO’ POR ‘RAZÓN DE SEXO’
Las feministas proponen la eliminación en todo el articulado de la expresión “por razón de género” para sustituirla por el término “por razón de sexo” expresión, esta ultima, reconocida por la CEDAW y ratificada por la mayoría de los países del mundo. La razón por la que las niñas y adolescentes son objeto de discriminación directa o indirecta, es, a su juicio, “su sexo de pertenencia”.
En el ámbito médico-sanitario, las aportaciones reclaman que niños, niñas y adolescentes no tengan acceso a tratamientos médico-farmacológicos que no cumplen los estándares científicos y que no cuentan con el consenso ni validación científica en base a evidencias sólidas; ponen en la diana los bloqueadores de la pubertad, “cuya prescripción para atender la disforia de género de menores autoidentificados como trans ha sido ya ampliamente cuestionada y descartada en países como Reino Unido, Suecia o Finlandia por carecer de evidencias sólidas que los respalden”.
En contraposición, las propuestas a la ley reclaman la creación de unidades especializadas para atender las necesidades específicas de menores y adolescentes que quieran detransicionar tras tomar conciencia de que los procesos sociales, hormonales e incluso quirúrgicos a los que fueron dirigidos, “nada tenían que ver con sus malestares”.
La plataforma feminista recuerda en su justificación que la experiencia de otros países indica que estas personas no siempre están recibiendo la atención y ayuda a la que tienen derecho. En el caso de España, “la ley las abandona y el transactivismo las estigmatiza, generando en ellas un daño irreparable de abandono social que supone tragedias personales generadas por las prácticas promovidas e impuestas por la propia ley”.
“MALTRATO” CONTRA LOS NIÑOS Y ADOLESCENTES
Esta organización de mujeres considera que es “maltrato” contra niños, niñas y adolescentes la difusión, promoción y publicidad de intervenciones psicosociales, y/o farmacológicas cuyo objetivo sea la modificación corporal, y la prescripción de medicamentos o fármacos que tengan como fin alterar y modificar aspectos físicos o que atenten contra el desarrollo natural de la pubertad de niños y niñas en pleno desarrollo puberal.
Uno de los aspectos más preocupantes señalados por las feministas es que la ley incluya como indicador de riesgo para los menores que los progenitores “no acepten la imposición de tratamientos de conversión psicológica y farmacológica a sus hijos e hijas en base a su autopercepción y en edades en que la madurez no queda probada”.
En su opinión, calificar de factor de riesgo que madres y padres cuestionen esas practicas, “supone una amenaza para los progenitores que tratan de salvaguardar el libre desarrollo de la personalidad de sus criaturas, negando a padres y madres la posibilidad de protegerles y ayudarles”.
Penalizar a los padres y madres que busquen asesoramiento psicológico profesional para atender los malestares de sus hijas o hijos menores, es, a su juicio, “una política totalitaria que pretende que la respuesta del Estado a los malestares y disconformidades con las imposiciones de género se base en los tratamientos farmacológicos y quirúrgicos”.
Finalmente, la plataforma reclama que la reforma de la ley Orgánica de protección integral de la infancia y la adolescencia frente a la violencia aborde la violencia sexual perpetrada por menores hacia menores, “una violencia que, según todos los indicadores, está en aumento”.
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