MADRID, 27 (SERVIMEDIA)
La Federación Nacional de Asociaciones Inmobiliarias (FAI) lamentó este jueves que la Ley de vivienda aprobada por el Congreso sea más “un experimento político” que una “herramienta eficaz y realista” para solucionar el acceso al alquiler, y rechazó su “intervencionismo”.
Según la agrupación de agencias, la normativa ha sido redactada “bajo la presión del calendario electoral y desoyendo todas las advertencias de los expertos” sobre las consecuencias de las limitaciones de precios que acabarán “sufriendo y pagando tanto los propietarios como los propios inquilinos”.
Asimismo, subrayó que la ley establece “más restricciones que incentivos” a los propietarios, lo que provocará la “reducción del número de viviendas disponibles para arrendar”, ya que “al ver reducida su rentabilidad económica, y con ello parte de sus ingresos esenciales para su economía doméstica”, muchos sacarán los inmuebles del mercado del alquiler o los destinarán directamente al alquiler vacacional o por habitaciones.
Además, advirtió que la limitación de los precios “estimulará el mercado negro en el mercado”, generará “una mayor selección de los arrendatarios en función de su solvencia económica” y provocará “el deterioro y envejecimiento” de las viviendas existentes “por un deficiente mantenimiento”.
Por otro lado, la agrupación apuntó que la noma “deja muchos flecos sueltos”, como la oportunidad de regular el alquiler turístico, que reduce el del alquiler residencial en muchas ciudades. Además, insistió en que no se articulan “medidas eficaces para dar mayor seguridad jurídica en caso de impago de rentas”.
“Estamos ante una ley intervencionista en todos los sentidos”, subrayó FAI, que apuntó que la norma va en contra del “libre ejercicio” de la profesión de los agentes inmobiliarios al “imponer que los gastos de gestión inmobiliaria y los de formalización del contrato correrán siempre a cargo del arrendador”.
Según FAI, esto “no solo perjudica a los agentes inmobiliarios, sino a los inquilinos, y es otra muestra del desconocimiento de cómo funciona la dinámica del proceso de alquiler”. Así, el cobro a los inquilinos se justificaría “por la prestación de unos servicios a los que acude de forma voluntaria”.
Entre estos, incluyó la búsqueda de un inmueble que se ajuste a su situación, necesidades personales y financieras, asesoría completa en cuanto a sus derechos y obligaciones o la gestión ante las incidencias que puedan tener, como es recuperar la fianza o solicitar que el arrendador acomode las viviendas a las necesidades del inquilino, entre otras.
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