MADRID, 15 (SERVIMEDIA)
El Sindicato de Enfermería (Satse) reclama que la “voz de los pacientes sea escuchada” y se garantice su seguridad, además de denunciar que hay hospitales “con una asignación de hasta 25 y 30 pacientes por cada enfermera”.
Por ello, las enfermeras españolas se suman a la campaña ‘Demos voz a los pacientes’ de la Organización Mundial de la Salud (OMS), con motivo del Día Mundial de la Seguridad del Paciente.
“La evidencia científica constata que, cuando se involucra a los pacientes en los cuidados que reciben, se logran avances significativos en su salud, seguridad asistencial y satisfacción”, explicó el Sindicato.
Sin embargo, la organización sindical critica que actualmente a nuestro sistema sanitario “le cuesta dar voz a los pacientes” y garantizar la seguridad en su atención.
“Un claro ejemplo es que persiste un alto número de pacientes por enfermera en hospitales, centros de salud y centros sociosanitarios. Encontramos centros hospitalarios con una asignación de hasta 25 y 30 pacientes por cada enfermera, hasta 2.000 y 2.500 ciudadanos por enfermera en los centros de salud y de hasta 200 residentes por cada profesional en los centros de mayores”.
Pero según Satse, existe “numerosa evidencia científica nacional e internacional” que demuestra los riesgos que supone no contar con una ratio adecuada de enfermeras. “En los hospitales con una ratio de 10 pacientes por enfermera existe un 37% más de riesgos de fallecimientos”.
APOYO CIUDADANO
Satse recordó que más de 660.00 personas se sumaron la Iniciativa legislativa Popular presentada por la organización sindical en el Congreso de los Diputados a finales de 2019 para promover la Ley de Seguridad del Paciente.
Fue tomada en consideración como Proposición de Ley, con el apoyo mayoritario de los Grupos. El 14 de marzo de 2023, la Mesa del Congreso acordó que se debatiese en la Comisión de Sanidad, tras la presentación de las enmiendas parciales de los grupos políticos.
El Sindicato confía en que el nuevo Congreso de los Diputados continúe con su tramitación parlamentaria para que se “escuche la voz de la ciudadanía”.
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