MADRID, 28 (SERVIMEDIA)
La Asociación Nacional de Constructores Independientes (ANCI) alertó este martes de que el próximo jueves, 2 de marzo, los contratos públicos de obras cuyo anuncio de licitación se publique a partir de ese día dejarán de estar cubiertos por el mecanismo excepcional de revisión de precios previsto por el real decreto aprobado por el Gobierno en 2022 tras el inicio de la guerra en Ucrania.
En un comunicado, la patronal subrayó el “riesgo” que supone perder esta “garantía de reequilibrio automático de los precios de los contratos” en un escenario inflacionario y de evolución incierta, ligado a factores como la guerra en Ucrania, la reactivación económica en China o una política monetaria de subidas de tipos de interés.
Por ello, reclamó al Gobierno la extensión del límite temporal del mecanismo excepcional de revisión de precios como ya han hecho otros países europeos como Italia y Portugal, al objeto de dar certidumbre y estabilidad en las licitaciones de nuevos contratos.
Asimismo, pidió ampliar la cobertura del mecanismo de revisión excepcional de precios, incluyendo la compensación del sobrecoste de la energía, la eliminación del tope del 20% y la incorporación de los contratos de conservación ligados a infraestructuras, a fin de garantizar la viabilidad de los contratos.
De no llevarse a cabo, ANCI advirtió que la eficiencia de la contratación pública se verá “gravemente perjudicada” porque disminuirá la concurrencia de las empresas a las nuevas licitaciones, llegando incluso a producirse “licitaciones desiertas”.
En este sentido, apuntó que la ejecución de los contratos ya se está viendo afectada “muy negativamente”, como viene insistiendo desde hace meses el sector, porque el alcance de la compensación del mecanismo de revisión excepcional “no permite un reparto equilibrado de los sobrecostes”.
Además, advirtió de que la situación “pone en peligro” el cumplimiento del calendario de inversiones previsto en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR).
ANCI agrupa a 23 empresas responsables del 20% de toda la contratación de obra pública que se adjudica en España y ofrece empleo a 10.000 personas.
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