MADRID, 10 (EUROPA PRESS)
Confesiones religiosas se han remitido este viernes –después de que el PSOE haya registrado una proposición de ley para suprimir el delito de ofensa contra los sentimientos religiosos– a la declaración que firmaron el pasado 10 de enero la Iglesia católica, evangélicos, judíos, musulmanes, ortodoxos y anglicanos en la que mostraban su “seria preocupación” por el anuncio de una reforma integral del Código Penal, incluyendo la derogación de este delito.
Según fuentes consultadas por Europa Press, a pesar de que las confesiones propusieron en esta declaración conjunta al Gobierno abrir un “diálogo” para que no derogue el delito contra los sentimientos religiosos, “no se ha convocado a la Comisión Asesora de Libertad Religiosa, ni ha habido un contacto hacia las confesiones ni intención alguna de diálogo”.
En el comunicado conjunto de diciembre, las confesiones tendían la mano a “los gobernantes para entablar un diálogo respetuoso” sobre la derogación anunciada de este delito así como “sobre cualquier toma de decisiones que afecten a ese derecho fundamental, a través del cauce ordinario de la Comisión Asesora de Libertad Religiosa”.
Asimismo, apelaban “a los representantes de los distintos partidos políticos a que, actuando en conciencia”, trabajaran “por defender los derechos universales de los ciudadanos, que están por encima de las opciones ideológicas” y a que protegieran “en su integridad el derecho fundamental de libertad religiosa”.
Además, aseguraban su respeto al derecho a la libertad de expresión pero reivindicaban también el derecho de sus fieles “a poder vivir la fe en un clima de respeto a los sentimientos religiosos, amparados por otros derechos también protegidos constitucionalmente, tales como el derecho a la libertad religiosa, libertad de conciencia (art. 16) y derecho a la dignidad e integridad moral (art. 15)”.
Para las confesiones, estos derechos “por ser fundamentales, no pueden prevalecer uno en detrimento de los otros, como si uno fuera absoluto y los demás relativos, pues todos son necesarios para sustentar la armonía de las libertades y los derechos humanos fundamentales en las sociedades democráticas, cuyos poderes públicos han de custodiar celosamente por el bien de todos, incluidas las minorías”.
Igualmente, advertían de que, “en muchos casos, la vulneración de la libertad religiosa ha conllevado también la censura de la libertad de expresión” y alertaban de que “la normal aceptación de insultos, estereotipos, bromas hirientes y ridiculizaciones, son en ocasiones la base para que puedan producirse comportamientos más graves tales como amenazas, agresiones u otro tipo de actos violentos contra las personas creyentes y los lugares de culto”, actos que, según precisaban, “están creciendo por toda Europa”.
Más allá de esta declaración conjunta, el secretario general y portavoz de la Conferencia Episcopal Española (CEE), Francisco César García Magán, ya calificó el pasado mes de septiembre de “preocupante” que el Gobierno quisiera promover la eliminación del delito de ofensas a los sentimientos religiosos y advirtió de que la “mayoría” de los países de la UE “tutelan” el derecho a la libertad religiosa.
“Que se anule esa protección, esa tutela a la libertad religiosa, y que no quede esa libertad fundamental tutelada, es un poco preocupante. Siendo así que en la UE es minoritario, cuando se ha hablado que es para adherirnos al estándar de la UE, no es del todo cierta la afirmación: la mayoría de los países de la UE, 21 sobre 27, tutelan ese derecho”, subrayó García Magán entonces, en una entrevista con Ràdio Estel, recogida por Europa Press.
Según recordó, el derecho a la libertad religiosa es un derecho fundamental que recoge la Constitución y que tiene una “especial tutela”. Además, añadió que “una violación de un derecho a la libertad religiosa, aunque estuviera despenalizada en el ordenamiento jurídico sería susceptible de recurrirse a los tribunales europeos”.
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