MADRID, 17 (SERVIMEDIA)
Las consejeras de Familia, Juventud y Asuntos Sociales de la Comunidad de Madrid, y de Política Social, Familia e Igualdad de la Región de Murcia, Ana Dávila y Conchita Ruiz, respectivamente, expresaron este lunes “la gran preocupación de todas las comunidades del PP” y su “rechazo absoluto” ante la delegación de algunas competencias sobre inmigración a la Generalitat de Cataluña, durante la conferencia sectorial del ramo celebrada hoy en Madrid.
Según explicó Dávila tras el encuentro, las autonomías gobernadas por el PP habrían trasladado a la ministra su “gran preocupación por esta cesión de competencias sobre inmigración, control de fronteras y seguridad”.
Dávila recalcó el término “cesión”, porque “aunque han intentado hacer malabares con las palabras, es una cesión en toda regla”. A su juicio, esta propuesta “pone en peligro la seguridad nacional”, por lo que los consejeros del PP quisieron conocer “la petición expresa”, el documento escrito, por parte del presidente de la Generalitat, Salvador Illa, “para que el Gobierno de España transfiriese esas competencias a Cataluña”.
Agregó que “también hemos dirigido múltiples preguntas, hasta ahora sin respuesta, sobre cómo se ejercerán esas competencias de cara a gestionar las devoluciones o los permisos de residencia”.
Por su parte, Ruiz destacó que todas las comunidades del PP transmitieron su “absoluto rechazo” a este acuerdo, que en su opinión “apuntala la insolidaridad y la desigualdad” entre territorios.
Afirmó que también han pedido al Ministerio “más información sobre el número de personas que entran y salen de los recursos de atención a solicitantes de asilo”. “Las comunidades autónomas necesitamos saber el número de personas que llegan a nuestros recursos y cuáles son sus perfiles”, declaró.
También en lo referido a los menores, prosiguió, por “la simple razón de que somos nosotras quienes debemos dar respuesta a sus necesidades”.
Asimismo, Ruiz reclamó “más financiación” y aseguró que los centros de atención a menores migrantes en Murcia “están al 200% de su capacidad, totalmente desbordados”.
En su opinión, se necesita “una política justa y solidaria, en la que todas las comunidades asuman su responsabilidad”, y desde luego, que “el Estado aporte la financiación” para la acogida de estos menores.
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