MADRID, 29 (SERVIMEDIA)
Las calificaciones provisionales para la construcción de viviendas protegidas destinadas al mercado del alquiler se desplomaron un 59,5% en el año 2023 al pasar de 5.428 a 2.201 pese a la anunciada intención del Ejecutivo de apostar por el alquiler asequible para favorecer el acceso a la vivienda.
Así lo desvela la Estadística de Vivienda Protegida que recoge el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana consultada por Servimedia, en la que se da cuenta de que el interés de los promotores en construir vivienda en alquiler protegida ha retrocedido hasta niveles no vistos desde el año 2017.
La estadística, que se recoge desde el año 2014, muestra que la vivienda protegida para el alquiler ha vivido un gran auge en la última década. En ese primer año apenas sumaban 486 calificaciones, mientras que en 2022 se superaron por primera vez las 5.000.
La calificación provisional es el acto administrativo por el que se otorgan provisionalmente los derechos y obligaciones derivados del régimen legal de protección porque el proyecto cumple con las disposiciones legales vigentes tras la solicitud del promotor.
Del total de calificaciones, 2.113 correspondían a viviendas que no tendrán opción a compra (-60,6%), mientras que las restantes 88 viviendas sí que tendrán ser posibilidad de ser adquiridas por sus arrendatarios, un 37,5% más que el año pasado.
Por comunidades autónomas, la Comunidad de Madrid es la que aprobó más calificaciones, con un total de 1.148. El resto se produjeron en País Vasco (645), Navarra (221), Aragón (86), Andalucía (81), Galicia (14), Comunidad Valenciana (4) y Extremadura (2). Hubo descensos en todas las regiones salvo en Navarra, Galicia y Aragón. Baleares no proporciona datos.
El interés en la vivienda en alquiler creció de tal manera que en ocho años había pasado de representar un 8% del total de calificaciones para vivienda protegida en 2014 a un 42% en el año 2022. En este 2023, su peso cayó hasta el 18% del total.
DATOS TOTALES
En su conjunto, las calificaciones para vivienda protegida se situaron en 2023 en 11.982, un 8% menos que las 13.022 del 2022 y la cifra más baja desde 2020.La mayoría (6.290) fueron para futuras viviendas destinadas al mercado de la propiedad, un 5,6% más que en 2022. Las restantes 3.491 calificaciones se concedieron para viviendas destinadas a otros regímenes de tenencia, duplicando su cifra respecto al año pasado.
Se trata de unas cifras que dan cuenta del estado que vive la vivienda protegida desde la crisis económica de 2008. Según la serie que comienza en 1991, las calificaciones provisionales para viviendas protegidas tocaron su techo en el año 1995, con más de 122.000, y tras moderarse en los años siguientes, superaron las 70.000 entre los años 2003 y 2009 en plena burbuja inmobiliaria. Desde el inicio de la crisis fueron descendiendo hasta situarse en apenas 5.300 en el año 2015.
A partir de entonces, la cifra se ha ido recuperando paulatinamente y se superaron de nuevo las 10.000 por primera vez en el año 2018. En el 2021, las 13.789 fueron el máximo del último período y en 2022 se produjo un descenso del 5,6% hasta las 13.022.
Cataluña fue en 2023 la región con más calificaciones concedidas para levantar vivienda protegida, con 3.491. A continuación, se situaron Andalucía (1.904), Comunidad de Madrid (1.854), País Vasco (1.784), Navarra (728) Castilla-La Mancha (716), Comunidad Valenciana (511), Aragón (465), Asturias (234), Extremadura (166) y Galicia (129). En cambio, en Canarias, Cantabria, Castilla y León, Murcia, La Rioja, Ceuta y Melilla no hubo ninguna calificación. Baleares no ofrece datos.
Las viviendas con algún tipo de protección pueden ser impulsadas por un promotor privado o por la administración pública. En 2023, 8.826 fueron impulsadas por capital privado (un 74% del total), una caída del 10% en comparación con 2022. En cambio, las 3.156 calificaciones de viviendas que serán construidas por un ente público retrocedieron apenas un 0,4%.
Entre los motivos que argüían los promotores privados para no construir vivienda protegida estaba la falta de actualización de los módulos -el precio final al que se puede vender una vivienda protegida- por parte de las comunidades autónomas porque, debido al incremento de los costes, los proyectos no eran rentables. Cataluña realizó una actualización en el año 2020 y la Comunidad de Madrid lo hizo el año pasado por primera vez desde 2008.
UN 2,5% DE VIVIENDA SOCIAL
En la actualidad, el parque de vivienda social -con algún tipo de protección- en España es el 2,5% del total, en torno a unas 452.000 viviendas, uno de los más bajos de la Unión Europea y seis puntos por debajo de la media, que se sitúa en un 9,3%, según reconoció el Ministerio de Transportes en el su último boletín sobre vivienda social elaborado en el año 2020.
Todo ello pese a que la producción de vivienda protegida para adquirir en propiedad a bajo coste fue una constante durante gran parte del siglo XX. Entre los años 1981 y 2019, se construyeron 2,36 millones de viviendas protegidas, un 21,6% del total del parque construido.
La reducción del parque se explica en que la mayoría de estas viviendas tenían un período de protección de entre 10 y 30 años, en función de la norma autonómica correspondiente, durante el cual sólo se podían vender a un precio tasado. Tras pasar ese tiempo, se han podido vender a un precio libre. La Ley de Vivienda aprobada por el Gobierno obligó a una protección permanente -o de un mínimo de 30 años en algunos supuestos- de todas las viviendas protegidas.
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