MADRID, 15 (SERVIMEDIA)
La Federación Nacional de Asociaciones Inmobiliarias (FAI) denunció este miércoles que los españoles pagan de media un 7,5% por el impuesto de Transmisiones Patrimoniales a la hora de comprar una vivienda y piden a las comunidades autónomas seguir el modelo del País Vasco y rebajar al 4% el tipo general y al 2,5% en el caso de las primeras viviendas habituales de precio inferior a 400.000 euros para “facilitar el acceso a la compra de una primera vivienda”.
Según la agrupación de agencias inmobiliarias, esta medida es “necesaria” para acceder al mercado de compraventa “con una fiscalidad más justa y quitar presión del mercado de alquiler”.
FAI afirmó que el tipo impositivo se sitúa un 67% por encima de la media europea, que se mantiene entorno al 4,5%, y que en España varía de una comunidad autónoma a otra y llega al 10% en algunas comunidades como Cantabria, Galicia o Comunidad Valenciana. Así, afirmó que solo en Melilla, Ceuta, Canarias, Navarra, Madrid y País Vasco se sitúa por debajo del 7%.
Ante estos datos, la federación remarcó que esta “alta carga impositiva dificulta claramente el acceso a la compra de una casa”, especialmente “entre las personas que quieren adquirir su primera vivienda habitual en propiedad”, sobre todo, en un contexto económico complejo “ante la subida de los tipos de interés, la caída de poder adquisitivo y un menor ahorro”.
Asimismo, criticó que el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales es “abusivo” porque se paga en cada transmisión de compraventa que se hace de una misma vivienda. Al respecto, subrayó que, a falta de contabilizar diciembre, en 2022 las comunidades autónomas ingresaron 10.465 millones de euros a través del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y del de Actos Jurídicos Documentados, según los datos publicados por el Ministerio de Hacienda.
Para FAI, el Gobierno central y los gobiernos autonómicos, dentro de sus competencias, deben articular “medidas eficientes y aplicables a corto plazo para equilibrar el mercado, alejándose de políticas “intervencionistas” o “punitivas” como la reducción de la carga impositiva, tasas o aranceles en la compra o una mayor dotación de recursos económicos para “una eficaz disposición de suelo residencial que posibilite la ejecución de proyectos de vivienda pública en alquiler mediante la colaboración público-privada”.
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