MADRID, 02 (SERVIMEDIA)
El coordinador general de la Federación Nacional de Asociaciones Inmobiliarias (FAI), José María Alfaro, rechazó un posible cambio de la legislación para que el pago de los honorarios de las agencias por sus labores de intermediación y formalización de contratos de alquiler corresponda exclusivamente a los arrendadores y afirmó que, de producirse, “el impacto va a ser importante”, ya que en la cuenta de resultados de los profesionales “se va a notar”.
Así lo indicó en declaraciones a Servimedia después de que la líder de Podemos y ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030, Ione Belarra, apuntase en una entrevista en ‘Salvados’ (LaSexta) que esta modificación de la Ley de Arrendamientos Urbanos es “una de las cuestiones que se está debatiendo” en la recta final de la negociación de la Ley de Vivienda.
Belarra afirmó que esta cuestión se trató de incluir en el anteproyecto de ley inicial acordado con el PSOE, pero “no fue posible”. Ahora, es una de las cuestiones que los socios del Gobierno, particularmente EH Bildu y ERC, han puesto encima de la mesa. “No es de recibo que le pidamos más requisitos a la gente para alquilar un piso que para presentarse a una oposición de abogado del Estado”, afirmó.
En cambio, la patronal que agrupa a más de 840 agencias inmobiliarias y en torno a 3.800 profesionales se muestra en contra de esta modificación. Según explicó Alfaro, el negocio de las inmobiliarias en el alquiler de pisos parte de un “encargo de servicio”, que “generalmente, pero no siempre” firma el arrendador. No obstante, de este encargo “la otra parte se beneficia directa o indirectamente” porque la agencia se encarga de “buscar un acuerdo” dando garantías, cerrando un acuerdo sujeto a la legislación o llevando a cabo el proceso de traslado.
De esta manera, indicó que cada agencia decide si repercutir su servicio “solo al propietario, solo al inquilino” o, como hace “la gran mayoría”, a las dos partes. Aunque señaló que no existen datos precisos al respecto, sí apuntó que hay zonas donde es más frecuente que los honorarios los pague íntegramente el arrendador, como las zonas de costas o, en especial, mercados donde la oferta supera a la demanda, ya que, de lo contrario, “no tendrían forma de llegar a los inquilinos”.
En cambio, en grandes ciudades, donde se concentra la demanda del alquiler, reconoció que se produce un “reparto de costes” y que, como estimación, para una mediación de un contrato de 800 euros mensuales, una agencia podría solicitar un mes de renta al arrendador y otro mes al inquilino.
Alfaro defendió que las agencias trabajan para repercutir los horarios a quien les encarga los servicios y, debido a que hay agencias que reciben los encargos de los inquilinos, estas quedarían en “fuera de juego” con un cambio de la legislación. “Lo preocupante es que las agencias dejen de prestar este servicio con el consiguiente riesgo para los profesionales y otras que tendrán que negociarlo con los arrendadores”, añadió.
Así, esta modificación sería “intervencionista” y, bajo su postura, estaría limitando “el derecho que tiene cualquier profesional de servicios a repercutir el coste de su servicio a quien se lo presta”. De hecho, afirmó que los arrendadores acabarían repercutiendo “indirectamente” el coste sobre los inquilinos y se podría acentuar el “éxodo” del alquiler de vivienda habitual hacia el mercado de compraventa o el alquiler de temporada.
Sobre la modificación realizada en 2019 para que, en caso de que el casero fuese una persona jurídica, los honorarios no corriesen a cuenta del inquilino, afirmó que este cambio “no ha impactado” en las cuentas de las agencias inmobiliarias porque el porcentaje de alquileres de este tipo que se realiza puede moverse en torno al 5%. No obstante, subrayó que también se mostraron en contra de la modificación porque suponía una medida “intervencionista”.
Con todo ello, señaló que esta cuestión es “completamente secundaria”, ya que “no va a solucionar absolutamente nada” porque el problema del alquiler está provocado por un mercado “completamente desequilibrado” en el que se produce una “concentración” de demanda en una serie de “núcleos productivos o ciudades” donde esta es “tremendamente superior a la oferta”.
También enfatizó la “inseguridad jurídica” de los arrendadores como problema para incrementar la oferta. “Cada vez el arrendador nos llega con más miedo a poner su casa en alquiler porque si dejan de pagarle puede tardar fácilmente entre 12 y 15 meses en recuperar la propiedad”, indicó, añadiendo que es el motivo por el que los requisitos de entrada son tan exigentes para el inquilino.
PORTALES INMOBILIARIOS
Desde los portales inmobiliarios, que permiten tanto a particulares como a agencias anunciar pisos en alquiler, tampoco ven con buenos ojos la medida.
Aunque el director de Estudios de Pisos.com, Ferran Font, indicó en declaraciones a Servimedia que actualmente la “gran mayoría” de comisiones las pagan los inquilinos, cuando se producen alquileres de particular a particular, apuntó que la medida “genera bastantes dudas” en cuanto una posible redistribución de la riqueza, ya que los caseros, de ser obligados a pagar íntegramente los honorarios, podrían optar por elevar la renta de alquiler solicitada.
Además, señaló que la modificación alimentaría la “incertidumbre” generada a los arrendadores por el posible impacto de los topes al precio del alquiler cuando se apruebe la Ley de Vivienda y los topes y prórrogas ya aprobados por el Ejecutivo. Así, sumada al resto de cuestiones que decide el Gobierno, poner un piso en alquiler no sería “más interesante, sino todo lo contrario”.
En la misma línea, desde Idealista trasladaron a Servimedia que todas las medidas que se toman o anuncian desde el Gobierno en materia de vivienda tienen “un cariz coercitivo o punitivo sobre los propietarios”, cuando “lo verdaderamente necesario” es que “se incentive a estos propietarios para que saquen sus viviendas al mercado”.
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