En España, cada año, las consecuencias de este tipo de agresiones tienen un coste de 1.275.670.086 euros
MADRID, 2 (EUROPA PRESS)
La violencia sexual hacia la infancia en España tiene coste económico mínimo de 4.453.873.167 euros, es decir, el 0,31% del Producto Interior Bruto (PIB), según concluye el informe ‘¿Cuánto cuesta mirar hacia otro lado? Los costes de la violencia sexual contra la infancia y adolescencia’, realizado por Educo y la Cátedra de los Derechos del Niño de la Universidad Pontificia Comillas.
“Hablamos de 4.500 millones de euros que suponen un coste para la sociedad, tanto un coste económico como un coste en términos social de oportunidad y de productividad actualmente y en el futuro. Y lo que queremos es básicamente empezar a visibilizar un problema del que conocemos solo la puntita del iceberg”, ha explicado en la presentación a los medios la directora de Incidencia política de Educo, Macarena Céspedes.
Por un lado, cada año las consecuencias de la violencia sexual hacia los niños y niñas suma 1.275.670.086 euros. Esta cifra se refiere a casos denunciados y a determinados costes derivados de casos no detectados (por ejemplo, atención psicológica a una niña que no lo ha contado), cuantificados a partir de la prevalencia (porcentaje de la población general que ha sufrido violencia sexual durante su infancia y que los autores estiman en 17,29%).
A esta cifra, los investigadores han sumado un coste mínimo de 3.178.203.081 euros al año que suponen otros daños de difícil monetización como la pérdida de productividad, la destrucción de riqueza, los daños emocionales de la víctima y su familia, etc. Esta cifra representa casi tres veces más que los costes de la violencia sexual incurridos por casos detectados.
Ambas cifras suponen un total de 4.453.873.167 euros, es decir, el 0,31% del PIB. Para Céspedes, esta es una estimación “muy justa y muy conservadora” de lo que es el problema de la violencia sexual. “No seremos capaces de saber cuál es el coste de sufrimiento”, ha afirmado, para después reclamar la puesta en marcha de políticas de prevención y detección precoz, formación para las personas que trabajan con niños, niñas y adolescentes, y una implementación “correcta, efectiva y rápida” de la Ley orgánica de protección integral frente a la violencia contra la infancia.
El estudio, dado a conocer este miércoles, sostiene que una víctima de violencia sexual que se detecta supone, entre otros, unos costes de 248 euro por primera visita a urgencias (coste de actuación por caso detectado) y de 2.100 euro por pérdida de curso (coste de actuación por caso detectado).
En el caso de una víctima de violencia sexual que no se detecta, los autores del informe explican que no da lugar a ningún coste por primera visita a urgencias, pero sí a los mismos 2.100 euro por pérdida de curso (coste de actuación por caso no detectado pero incurrido), ya que no depende de que se detecte o no. “Ahora bien, los 248 euros de urgencias en los que en este caso no se incurre (coste de actuación por caso no detectado y no incurrido), se pueden considerar como una aproximación a los daños mitigables de la víctima”, apostillan.
La investigación, recogida por Europa Press, pone el foco en las posibles consecuencias de la violencia sexual en la infancia, que van desde los efectos sobre la salud física (lesiones, embarazos, problemas de adicciones, desórdenes alimentarios) y psicológica (ansiedad, depresión, estrés, conducta suicida) a otras consecuencias sociales (abandono escolar, criminalidad, mayor posibilidad de sufrir violencia sexual en la vida adulta o prostitución).
Entre las principales cifras de violencia sexual, los autores del informe calculan que uno de cada seis niños, niñas o adolescentes será víctima de violencia sexual antes de cumplir 18 años y uno cada 104 niños, niñas o adolescentes lo será a lo largo de un año. Además, uno de cada 878 (9.185 casos de los 77.407 estimados) denunció ser víctima de violencia sexual en 2023, según los registros del Ministerio del Interior.
COSTES ECONÓMICOS EN CASOS DETECTADOS
Los investigadores han calculado unos costes sanitarios para la administración pública que ascienden a 808.298.158 euros al año (63%), mientras que los educativos se sitúan en un total de 63.071.625 euros (5%), los de servicios sociales a 311.920.798 euros (25%), y los judiciales a 92.379.505 euros (7%).
Ante estas cifras, Macarena Céspedes ha advertido de que “el problema de la violencia contra la infancia no es un problema de un único ministerio”. “Es un problema de toda la sociedad y, por lo tanto, de todo el Gobierno, de todas las Administraciones y de todos los que formamos parte de este país”, ha aseverado la directiva de Educo, que ha confirmado que se dará traslado de las conclusiones de la investigación a los ministerios de Sanidad, Educación, Derechos Sociales, Justicia, Interior y Hacienda, “porque todos ellos son competentes”.
“Lo que queremos es una respuesta integral”, ha remarcado Céspedes, quien ha reclamado la “correcta implementación” de la Ley orgánica de protección integral frente a la violencia contra la infancia, que es “muy buena” y “realmente innovadora en el contexto europeo”. No obstante, cree que “hay que saber aplicarla, bajarla a los contextos autonómicos, desarrollarla y generar una estrategia para ponerla en marcha”.
En este sentido, según ha concretado a Europa Press, Educo reclama la puesta en marcha de “determinados mecanismos o herramientas” que la ley enumera, como el Coordinador de Bienestar y Protección en centros educativos, que “sería una figura clave para poder detectar frecuentemente estos casos”, y que “haya un registro mucho más homogéneo y eficaz de las notificaciones de casos de violencia”.
“Mayor inversión, mayor formación. La gente que trabaja con niños, niñas, adolescentes, tiene que ser capaz de detectar cuándo está ocurriendo algo anómalo, cuándo está sufriendo, cuándo ve que hay algo que es diferente”, ha subrayado la experta, al tiempo que ha abogado por una “mayor sensibilización, porque con la violencia no se acaba de un día a otro”.
Céspedes ha puesto un ejemplo claro. “Hace 40 años la violencia de género no parecía un problema y estaba bastante aceptada entre todos los que convivíamos y vivíamos. Hoy es impensable pensar que alguien pueda aceptar un maltrato hacia una mujer. No ocurre lo mismo con la violencia hacia la infancia. Todavía es algo muy privado en el ámbito del hogar, de lo personal, y seguimos tolerando bastante más la violencia contra la infancia. Para acabar con las formas graves de violencia contra la infancia, como la violencia sexual, hay que tener tolerancia cero hacia cualquier maltrato hacia la infancia”, ha concluido.
Por su parte, Laura Barroso, investigadora de la Cátedra de los Derechos del Niño de la Universidad Pontificia Comillas, ha destacado “la dificultad que hay en la detección” de la violencia sexual en la infancia, debido a “los propios miedos, culpas, vergüenzas que pueda sentir el niño y la niña, que obstaculiza el comunicar y revelar que está sufriendo un tipo de violencia sexual, y también otra serie de factores que afectan a las personas que están en el entorno”.
Finalmente, Barroso también ha defendido la importancia de seguir “trabajando en la formación de profesionales para dotarles de herramientas a la hora de detectar los casos de forma precoz”, y “dar más voz a los niños y a las niñas, abrir canales de comunicación accesibles y seguros para la infancia, y que tengan espacio los que puedan comunicar cualquier inquietud que tengan”.
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