Denuncian atrocidades y crímenes de guerra pese a la firma hace casi un año del alto el fuego en Tigray
MADRID, 18 (EUROPA PRESS)
Un grupo de expertos de Naciones Unidas han alertado este lunes que la violencia en Etiopía ha adquirido “escala casi nacional” y han denunciado atrocidades y crímenes de guerra y contra la humanidad en Etiopía a pesar de la firma hace casi un año de un alto el fuego para poner fin al conflicto desatado en noviembre de 2020 entre el Ejército y el Frente Popular para la Liberación de Tigray (TPLF).
En un informa de 21 páginas, la Comisión de Expertos de Derechos Humanos sobre Etiopía ha documentado atrocidades cometidas por todas las partes en conflicto desde el 3 de noviembre de 2020, incluidos asesinatos en masa, violaciones, muertes por hambre, destrucción de escuelas y centros médicos, desplazamientos forzosos y detenciones arbitrarias.
“Si bien la firma del acuerdo ha silenciado casi del todo las armas, no ha resuelto el conflicto en el norte del país, particularmente en Tigray, ni ha traído una paz exhaustiva”, ha manifestado el presidente de la comisión, Mohamed Chande Othman, quien ha resaltado que “la situación en Etiopía sigue siendo extremadamente grave”.
Así, ha hecho hincapié en que “los enfrentamientos violentos tienen lugar ahora a escala casi nacional, con informes alarmantes de violaciones contra civiles en la región de Amhara y de atrocidades en marcha en Tigray”, al tiempo que ha subrayado que “la situación en oromía, Amhara y otras partes del país, incluidos patrones de violaciones, impunidad y creciente refuerzo del uso de las fuerzas de seguridad por parte del Estado, tiene todas las huellas del riesgo de más atrocidades y crímenes”.
El último informe ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU confirma que tropas eritreas y líderes de milicias de Amhara siguen cometiendo graves violaciones en Tigray, incluidos casos de violaciones sistemáticas y violencia sexual contra mujeres y niñas, lo que supone una violación de los compromisos del Gobierno etíope en materia de Derechos Humanos e integridad territorial.
La comisión ha apuntado además a patrones en las actuaciones de las fuerzas gubernamentales a la hora de arrestar, detener y torturar a civiles en Oromía, mientras que ha recibido informes “creíbles” sobre violaciones contra civiles de Amhara desde la introducción del estado de emergencia en agosto de 2023.
El Gobierno etíope declaró a principios de agosto el estado de emergencia en Amhara en respuesta a meses de enfrentamientos entre las fuerzas de seguridad y las milicias Fano, que colaboró con los efectivos de Amhara durante la guerra entre 2020 y 2022 contra el TPLF.
La decisión de disolver las fuerzas especiales regionales –incluidas las de Amhara, especialmente poderosas– en el marco del proceso de paz con el TPLF provocó importantes tensiones, en el marco de las cuales fueron asesinados varios políticos, entre ellos el líder del gubernamental Partido de la Prosperidad en la región, Girma Yeshitila.
NUEVOS CRÍMENES EN TIGRAY
Por ello, Radhika Coomaraswamy, miembro de la comisión, ha resaltado que “no se puede exagerar la gravedad de las violaciones perpetradas en Etiopía por todas las partes implicadas en el reciente conflicto”. “Es especialmente alarmante que algunos de estos crímenes sigan en marcha, en particular las violaciones y la violencia sexual contra mujeres y niñas por parte de las fuerzas eritreas en Tigray”, ha argüido.
“La presencia de tropas eritreas en Etiopía es un claro signo no sólo de una política de impunidad, sino de continuado apoyo y tolerancia de estas violaciones por parte del Gobierno federal”, ha explicado, antes de subrayar que “las atrocidades han devastado comunidades enteras y han erosionado gravemente la fábrica social”. “Familias enteras han sido asesinadas, familiares han sido obligados a presenciar crímenes horribles cometidos contra sus seres queridos y comunidades enteras se han visto desplazadas o expulsadas de sus casas, con muchas de ellas aún con miedo de volver y otras incapaces de hacerlo”, ha dicho.
Por ello, Coomaraswamy ha incidido en que “el trauma, a nivel individual y colectivo, persistirá probablemente durante generaciones”, por lo que ha reseñado que “la necesidad de procesos de verdad, justicia, reconciliación y curación que sean creíbles, inclusivos y significativos nunca han sido más urgentes”.
Steven Ratner, también miembro de la comisión, ha señalado que “la justicia de transición está destinada a ayudar a países a hacer las paces con atrocidades del pasado, si bien los contactos con cientos de víctimas, familiares y sus representantes indica una falta total de confianza en la capacidad o voluntad de las instituciones de Etiopía a la hora de llevar a cabo un proceso creíble, en particular porque funcionarios y entidades estatales están polarizadas y carecen de independencia”.
“Cuando miramos las iniciativas de justicia de transición en Etiopía es difícil no ver las pruebas de la ‘cuasi conformidad’ y los intentos deliberados del Gobierno de evadir un escrutinio internacional a través de la creación de mecanismos nacionales y la instrumentalización de otros”, ha manifestado Ratner. “Esto ha servido principalmente para reducir la presión internacional y evitar una interacción o investigación internacional”, ha puntualizado.
Por último, Othman ha mostrado “la profunda alarma” entre la comisión por “el deterioro de la situación de seguridad en Amhara y la continua presencia de factores de riesgo para las atrocidades”. “Esta situación en evolución tiene enormes implicaciones para la estabilidad en Etiopía y la región en general, en particular para decenas de millones de mujeres, hombres y niños que la llaman hogar. La importancia de una supervisión independiente y robusta y de las investigaciones no puede ser exagerada”, ha apostillado.
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