La Fiscalía emite cuatro órdenes de captura contra los magistrados del TSE que perdieron la inmunidad
MADRID, 11 (EUROPA PRESS)
La vicepresidenta electa de Guatemala, Karin Herrera, ha presentado un amparo ante la Corte de Constitucionalidad ante la posibilidad de que el Ministerio Público emita una orden de captura en su contra para evitar su toma de posesión este domingo.
El magistrado de la Corte de Constitucionalidad, Roberto Molina Barreto, ha confirmado que el equipo de Herrera ha presentado la solicitud, si bien por el momento se desconocen los detalles, según ha recogido el diario ‘La Hora’.
La Fiscalía acusó a Herrera el pasado mes de noviembre de incitar las protestas que se produjeron en la Universidad de San Carlos (Usac) en abril de 2022 contra el proceso de elección de un nuevo rector de la institución.
El presidente electo de Guatemala, Bernardo Arévalo, ha dicho este mismo jueves que “algo van a intentar” para evitar que tomen posesión de sus cargos en medio de la persecución ejercida por la Fiscalía desde su sorpresivo triunfo en las elecciones de agosto de 2023.
El Ministerio Público de Guatemala ha llevado a cabo numerosas acciones para inhabilitar los resultados de los comicios o ilegalizar a su formación política, Movimiento Semilla, una postura que ha recibido la condena de la comunidad internacional.
Los principales instigadores de esta causa –cuestionada tanto dentro como fuera de Guatemala– son el juez Fredy Orellana; el fiscal anticorrupción, Rafael Curruchiche; y la fiscal general, Consuelo Porras, incluidos en una lista de agentes corruptos elaborada por Estados Unidos.
TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL
Por otro lado, la Fiscalía guatemalteca ha emitido cuatro órdenes de captura contra los cuatro magistrados del Tribunal Supremo Electoral (TSE) que perdieron la inmunidad por la compra fraudulenta de un programa informático para las últimas elecciones.
En concreto, los afectados son la expresidenta del organismo Irma Palencia –por un supuesto abuso de autoridad y fraude–, así como los magistrados Mynor Franco, Gabriel Aguilera y Rafael Rojas, según ha recogido el diario ‘La Prensa’.
La Fiscalía argumenta que la compra del programa se realizó por un valor de 148 millones de quetzales (17,9 millones de euros) pese a que había otra oferta menor “que hubiera permitido ahorrar 34 millones” (4,1 millones de euros).
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