Sara Duterte, hija del expresidente, recalca que “esto no es justicia”, sino “opresión y persecución” por parte de las autoridades
MADRID, 11 (EUROPA PRESS)
La vicepresidenta de Filipinas, Sara Duterte, ha denunciado este martes que su padre, el expresidente Rodrigo Duterte, está siendo “trasladado a la fuerza” a La Haya, después de ser detenido a primera hora del día en el aeropuerto de Manila a raíz de una petición del Tribunal Penal Internacional (TPI) por supuestos crímenes contra la humanidad durante su “guerra contra las drogas”.
“Nuestro gobierno ha entregado hoy a un ciudadano filipino, antiguo presidente, a las potencias extranjeras. Esto es una afrenta flagrante a nuestra soberanía y un insulto a todo filipino que crea en la independencia de nuestra nación”, ha dicho en un comunicado publicado en su cuenta en la red social Facebook.
Así, ha afirmado que “se están negando los derechos fundamentales” de Duterte, dado que “no ha sido llevado ante ninguna autoridad judicial competente” antes de “ser trasladado por la fuerza a La Haya”. “Esto no es justicia. Esto es opresión y persecución”, ha agregado.
“Esta acción demuestra al mundo que este Gobierno está dispuesto a abandonar a uno de sus ciudadanos y traicionar la esencia de nuestra soberanía y dignidad nacional. Que Dios salve a Filipinas”, ha zanjado la vicepresidenta, tras lo que el diario ‘Philippine Daily Inquirer’ ha informado de que Duterte está ya a bordo de un avión con destino a La Haya.
Duterte ha sido arrestado en el Aeropuerto Internacional de Manila a su llegada al país desde Hong Kong, según ha confirmado la Presidencia filipina, tras lo que el expresidente fue trasladado a una base aérea, desde donde el exmandatario tildó de ilegal su detención, según un vídeo publicado por su hija, Veronica Duterte, a través de su cuenta en Instagram.
El expresidente llegó al cargo en 2016 tras una campaña en la que hizo precisamente de esa “lucha contra las drogas” su bandera. Las autoridades del país reconocen alrededor de 6.000 muertos como consecuencia de las operaciones puestas en marcha, una cifra que podría ascender a los 30.000, tal y como alertan organizaciones humanitarias.
La investigación del TPI se basa en una denuncia presentada en 2018 por organizaciones no gubernamentales y familiares de víctimas de la “guerra contra las drogas” de Duterte. El propio expresidente retiró unilateralmente a Filipinas del TPI en 2019 en respuesta a las críticas de La Haya.
La Administración de Duterte trabajó para suspender las investigaciones del tribunal internacional en 2021 argumentando que las autoridades del país ya estaban llevando a cabo sus propias pesquisas y que, por lo tanto, el TPI no tenía jurisdicción sobre el caso, dado que era un asunto abierto a nivel nacional.
Sin embargo, el proceso de apelación en el TPI determinó en 2023 que la investigación podría retomarse después de rechazar las objeciones de Filipinas, mientras que el actual presidente, Ferdinand Marcos Jr., quien llegó al poder en 2022, afirmó que estaba dispuesto a cooperar con el TPI si pedía su arresto, si bien no ha reintegrado al país en el organismo.
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