MADRID, 10 (EUROPA PRESS)
La Unión Europea ha condenado las sentencias de muerte emitidas por la justicia de República Democrática del Congo contra los líderes de la Alianza Fluvial del Congo (AFC), el considerado como órgano político de las milicias del Movimiento 23 de Marzo, y contra un grupo de alborotadores progubernamentales que atacaron la residencia del expresidente del país Joseph Kabila, a quien el actual mandatario, Félix Tshisekedi, responsabiliza de estar detrás de ese organismo.
Tshisekedi lanzó estas acusaciones, sin dar más detalles, durante una entrevista concedida el pasado martes a una emisora privada durante la que abordó la crítica situación de seguridad en la provincia de Kivu Norte, en el noreste del país, escenario durante meses de una ofensiva del M23 para defender, argumenta el grupo, a los tutsis congoleños que abandonaron Ruanda durante el genocidio de los 90.
La situación se complicó todavía más cuando, en diciembre pasado, el ex presidente de la comisión electoral congoleña Corneille Nangaa anunció la constitución de la AFC, un organismo político del que forman parte estas milicias y que el Gobierno congoleño no reconoce en lo más mínimo.
En una decisión emitida el jueves, un tribunal militar de Kinshasa-Gombe condenó a muerte a Nangaa y a 25 acusados –21 de ellos ‘in absentia’– por cargos relacionados con crímenes de guerra, participación en un movimiento insurreccional y traición. Además, el mismo tribunal condenó también a muerte a seis miembros de las Fuerzas del Progreso, una facción del partido de Tshisekedi, por “intento de asesinato” durante un ataque a la residencia del ex presidente Kabila el 31 de julio.
Ante esta circunstancia, la Unión Europea ha protestado estos dictámenes y recordado a las autoridades congoleñas “la necesidad de garantizar el derecho a un juicio justo y el respeto de los derechos de los acusados, en consonancia con las obligaciones de derecho internacional que ha suscrito República Democrática del Congo”.
La UE también reitera “su total oposición a la pena de muerte, en todas las circunstancias” al entender que es “incompatible con el derecho inalienable a la vida y es cruel, inhumana y degradante, representa la negación suprema de la dignidad humana, no logra disuadir los actos criminales y convierte en irreversibles los errores judiciales”.
“La UE expresa sus profundos temores ante este deterioro del Estado de derecho, especialmente si las ejecuciones se llevaran a cabo en un país que hasta ahora había optado por mantener una moratoria sobre la pena capital”, concluye el comunicado.
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