BRUSELAS, 13 (EUROPA PRESS)
Los negociadores del Parlamento Europeo y del Consejo Europeo han alcanzado un acuerdo político para reforzar la cooperación y el intercambio de información en materia de seguridad vial entre los países de los Estados miembro, con el objetivo de perseguir con mayor eficacia infracciones graves de tráfico cometidas en un país distinto al de residencia del conductor.
Una de las claves de la reforma, que necesita aún el visto bueno formal del pleno de la Eurocámara y de los Veintisiete para ser ley, es la ampliación de la lista de infracciones por las que se activa la asistencia transfronteriza para poder multar a un infractor no residente.
Así, se actuará en situaciones como el exceso de velocidad, la conducción bajo los efectos del alcohol o saltarse un semáforo rojo, pero también en caso de estacionamiento peligroso o adelantamientos de riesgo o el atropello con fuga.
Según datos de la Unión Europea, cerca del 40% de las infracciones transfronterizas quedan impunes y por ello la revisión de las normas europeas implicará el refuerzo de los procedimientos de asistencia entre países de la UE y la obligación para el Estado miembro de ayudar a encontrar al infractor, para lo que deberá dar curso a la solicitud de apoyo de un socio en un plazo de dos meses desde que reciba la información.
Además, el país de residencia del infractor podrá ocuparse del cobro de las multas de tráfico que se impongan en el marco de esta cooperación transfronteriza si así se lo pide el Estado miembro en donde se cometió la irregularidad y siempre que se trate de importes superiores a los 70 euros que estén pendientes de cobro tras agotar todos los recursos legales.
Las autoridades del país en donde se haya cometido la infracción tendrá también un plazo máximo de once meses desde la fecha de la irregularidad para emitir un aviso al resto de socios, una alerta de tráfico que incluirá datos como el momento de la incidencia, las circunstancias y cómo apelar la multa.
Finalmente, y a petición de los eurodiputados en la negociación, a partir de dos años después desde la transposición de las nuevas reglas a la legislación nacional quedará prohibido que entidades privadas ayuden a los países en el cobro de las multas a conductores extranjeros.
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