MADRID, 24 (EUROPA PRESS)
La Red de Atención a las Adicciones (UNAD) ha dado a conocer este martes las deficiencias sanitarias que viven las personas con adicciones privadas de libertad en España, una situación que, a su juicio, “vulnera los derechos fundamentales y representa una forma de discriminación”, por lo que ha pedido mejoras en la atención sanitaria de estas personas.
Así lo han manifestado desde la Comisión de Adicciones y Justicia Penal de la entidad coincidiendo con el Día de la Merced, patrona de las prisiones, que se celebra cada 24 de septiembre.
A través de un manifiesto, que han compartido con diferentes administraciones, colegios profesionales y otros agentes, la entidad ha manifestado que la “insuficiente atención médica” que viven estas personas con adicciones en prisión, no solo agrava su situación de vulnerabilidad, sino que también perpetúa la exclusión social y el consumo problemático.
Concretamente, exponen que las infraestructuras médicas de muchos centros penitenciarios en España están obsoletas, carecen de equipos adecuados y de las instalaciones necesarias para brindar una atención de calidad. En este punto, afirman que, según el estudio ‘La situación de las personas con adicciones en las prisiones españolas, una visión con perspectiva de género’, elaborado recientemente por UNAD, el 40 por ciento de las personas encuestadas, tanto hombres como mujeres, valoran como “mala” la atención sanitaria recibida en el centro penitenciario.
De la misma manera, desde la Comisión de Adicciones y Justicia Penal lamentan la falta de personal médico. “En España hay una ratio de 5,2 médicos para cada 1.000 personas presas, una cifra muy por debajo del 8,0 de media en Europa, según la Organización Mundial de la Salud (OMS)”, dicta el manifiesto.
Por otro lado, las personas expertas alertan de un exceso de medicalización que puede derivar en mayores problemas de consumos problemáticos; un fuerte deterioro de la salud mental debido a la insuficiencia de atención psiquiátrica y la falta de personal especializado; así como un aumento de problemas físicos, autolesiones graves y una mayor conflictividad dentro de los centros penitenciarios.
Asimismo, han manifestado su preocupación por la falta de unidades específicas de tratamiento de adicciones. De hecho, el estudio citado anteriormente desvela que el 65 por ciento de las participantes no recibe un tratamiento para frenar el consumo de drogas.
Con todo esto sobre la mesa, desde UNAD han recordado que la población penitenciaria debe perder únicamente su derecho a la libertad, por lo que urgen a garantizar un acceso equitativo a la atención sanitaria para asegurar los derechos y la dignidad de estas personas. Además, hacen hincapié en el cumplimiento de la Constitución Española y de la Ley Orgánica Penitenciaria, que en su artículo 3.4 dicta la obligación de velar por la vida, la integridad y la salud de las personas que están en prisión.
Específicamente han pedido servicios especializados y mayor frecuencia en las atenciones. En este punto, exigen la implementación de servicios médicos especializados que visiten regularmente los centros penitenciarios para asegurar una atención integral y continua que disminuya y atienda los problemas de salud mental y los relacionados, concretamente, con las adicciones. Además, es fundamental contar con la presencia de médicos y enfermeros las 24 horas del día para atender emergencias y brindar una atención adecuada en todo momento, han afirmado las personas expertas.
Por otro lado, han recalcado la importancia de establecer ratios óptimas de personal sanitario por número de personas internas equiparándolo a la media de Europa para garantizar una atención de calidad y reducir la carga de trabajo de los profesionales de la salud actuales.
En otro orden de cosas han destacado la urgencia de contar con equipos multidisciplinares que puedan coordinarse de manera real para atender las problemáticas de adicciones de manera efectiva.
Por último, han apuntado la necesidad de atender de una manera rápida y ágil, evitando demoras innecesarias que puedan poner en riesgo la salud y la vida de las personas presas y han subrayado que, a pesar del esfuerzo realizado por parte de Instituciones Penitenciarias y las entidades que trabajan en prisión para mejorar la calidad de vida y la atención sanitaria de las personas presas, la falta de financiación imposibilita que esto se pueda llevar a cabo, por lo que ha reclamado un mayor compromiso en este sentido.
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