MADRID, 28 (EUROPA PRESS)
La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha informado al juez de la Audiencia Nacional que lleva el denominado ‘caso Koldo’ de la actuación de dos altos cargos del Gobierno en la adjudicación de contratos a la empresa investigada en la presunta trama.
En el informe, al que ha tenido acceso Europa Press, los agentes hacen referencia a Javier Sánchez Fuentefría, actual director general de Presupuestos del Ministerio de Hacienda y entonces director general de Organización e Inspección del Ministerio de Transportes; y a José Manuel Gómez, que continúa como subsecretario de Transportes y Movilidad Sostenible.
La Guardia Civil destaca el “papel clave” de Sánchez Fuentefría en que la contratación de Soluciones de Gestión –la empresa que la presunta trama utilizaría para conseguir los contratos que ahora se investigan– fuese “transmitida a sus entes dependientes de Puertos del Estado y ADIF”.
Los agentes sostienen que “han hallado correos electrónicos de los que se infiere” que Sánchez Fuentefría “se encargó de mantener la interlocución con ADIF a través de Michaux (Miranda)”, entonces director general de gestión de personas de la entidad.
Respecto a los contratos con ADIF, señalan que Miranda “asumió un papel relevante para que los trámites legales fueran cumplimentados” por la entidad y la contratación pudiera “llevarse a término”.
LA DECLARACIÓN DEL SUBSECRETARIO DE TRANSPORTES
Asimismo, el Instituto Armado destaca la “vinculación directa” del subsecretario de Transportes José Manuel Gómez, el exministro de Transportes José Luis Ábalos y su exasesor Koldo García.
Sostiene que la Subsecretaría del Ministerio, en manos de Gómez, asumió un rol clave en que la decisión de adjudicar a Soluciones de Gestión fuera transmitida a los entes que ejecutaron la contratación.
Según indican los investigadores, en el marco del procedimiento se han encontrado correos electrónicos en los que parece ejercer como “correa de transmisión entre la esfera próxima del ministro y los entes adjudicadores”.
Los agentes hacen hincapié en que Gómez declaró a los investigadores no haber participado en la adjudicación de los contratos a Soluciones de Gestión por parte de Puertos del Estado y Adif, una afirmación que la UCO considera que está “alejada de la realidad” después de analizar los correos electrónicos.
CONTRATOS CON PUERTOS DEL ESTADO
Sobre la contratación de Soluciones de Gestión por Puertos del Estado, la Benemérita sostiene que dicha gestión “fue liderada por Álvaro Sánchez Manzanares, quien en ese momento era el secretario general” de la entidad y fue cesado por el ministro Óscar Puente el pasado marzo.
Los agentes aprecian una “vinculación directa” entre Koldo García y Sánchez Manzanares por el “tono informal y cercano” percibido en una intervención telefónica del pasado noviembre. Y recalcan que el exasesor ministerial ejercía de “interlocutor” entre el secretario general de Puertos y Ábalos.
Así las cosas, la UCO incide en que “la vinculación directa entre Koldo, Ábalos y Álvaro resulta de interés para esta instrucción porque Álvaro fue la persona encargada de articular la adjudicación de un contrato de ocho millones de euros a Soluciones de Gestión, siguiendo instrucciones de órganos y personas dependiente del Ministerio de Transportes”.
Al hilo, los investigadores hacen referencia a las comunicaciones y correos intervenidos y apuntan que “los responsables de hecho de Soluciones de Gestión tenían conocimiento de que iban a resultar adjudicadores de un contrato, al menos, tres días antes que el propio organismo adjudicador”.
A raíz de las pesquisas practicadas, aseguran que Sánchez Manzanares sería “conocedor del papel protagonista de Víctor de Aldama”, presunto conseguidor, “en las pretendidas adjudicaciones públicas”.
Cabe recordar que en este procedimiento que se instruye en el Juzgado Central de Instrucción Número 2 de la Audiencia Nacional están bajo la lupa ocho contratos adjudicados por distintos entes de la Administración Pública con un importe global de 51.998.434 euros.
El juez investiga a Koldo García y otras seis personas por la presunta trama que habría pagado comisiones para conseguir adjudicaciones para la venta de mascarillas en la pandemia. La Fiscalía Anticorrupción les atribuye presuntos delitos de organización criminal, blanqueo de capitales, cohecho, delitos contra la Hacienda Pública y tráfico de influencias.
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