MADRID, 2 (EUROPA PRESS)
Francisca de los Santos, presunta testaferro investigada en la causa en la que la Audiencia Nacional indaga en un posible fraude del IVA en el sector de los hidrocarburos en el que habría participado Víctor de Aldama –presunto conseguidor del ‘caso Koldo’–, ha negado tener relación con la trama y ha sostenido que la empresa que administró se dedicaba a la limpieza de coches y hogares y no al sector de los hidrocarburos.
Fuentes jurídicas, consultadas por Europa Press, han señalado que De Santos ha explicado ante el instructor que ella vendió la empresa Casmar Hidrocarburos SL porque tuvo un embarazo de riesgo y no podía sacar adelante los encargos dado el esfuerzo físico que suponían.
Así, ha recordado –a preguntas de su abogado porque no ha querido responder ni al fiscal ni al juez– que creó la empresa en diciembre de 2020 y que la vendió en mayo de 2023 a Francisco Javier Rodríguez. Este empresario había sido citado también por el juzgado para este miércoles, pero falleció hace un año, según informan estas mismas fuentes.
Según atestados de la Unidad Central Operativa (UCO) ambos eran testaferros de la organización criminal para perfeccionar el fraude en el sector de los hidrocarburos. En concreto, De los Santos estaría al mando de la suministradora Casmar Hidrocarburos SL, una sociedad interpuesta con la que la trama “simulaba una transmisión de productos petrolíferos de manera que era esta empresa la que asumía la responsabilidad del impago del impuesto correspondiente”.
Los investigadores sostienen que Casmar Hidrocarburos fue utilizada por la organización criminal “para canalizar los fondos de procedencia delictiva a Portugal, con la finalidad de alejarlos, ocultarlos y dificultar su trazabilidad”.
Pero este miércoles De los Santos ha negado relación alguna con los supuestos líderes de la organización criminal –De Aldama y Claudio Rivas–, y ha señalado que cuando vendió su empresa de limpieza a Francisco Javier Rodríguez se desentendió y no volvió a tener relación con él. También ha negado haber blanqueado dinero y ha aseverado que la empresa la traspasó sin deudas.
LA VENTA EN MAYO DE 2023
Sí ha matizado que aunque la venta se formalizó en mayo de 2023, dos meses antes firmó el contrato con quien se quedaba la empresa y por tanto desconoce lo que pudiera haber hecho en esos dos meses que duró el traspaso.
Asimismo, ha negado haber tenido conocimiento de que Francisco Javier Rodríguez, su sucesor al frente de Casmar Hidrocarburos SL tuviera hasta 111 empresas.
Rodríguez –según al UCO– figura como el sucesor de Francisca de los Santos al frente de Casmar Hidrocarburos SL y, al igual que ella “desarrollaba funciones principalmente de testaferro a las órdenes de los líderes de la organización criminal”. Cabe recordar que el juez calcula que el presunto fraude estaría cuantificado en 231,7 millones de euros.
Las declaraciones de investigados continuarán este jueves, cuando están programadas las comparecencias de Jaime Salmerón, Iván Castañer y la propia operadora Villafuel, si bien, fuentes consultadas señalan que al primero no se le ha podido notificar la citación.
Salmerón, según la UCO, era otro testaferro más y consta como administrador y socio único de la suministradora Carburantes Jalón Plaza SL. Castañer, también testaferro, figura como administrador único de la sociedad Skyward Tech SL, otra de las suminitradoras interpuestas por la matriz Villafuel SL “para, a través de ella, cometer la defraudación al simular la transmisión de productos petrolíferos, asumiendo la responsabilidad del impago del impuesto correspondiente”.
Además, esta suministradora era utilizada por la organización criminal “para canalizar fondos de procedencia delictiva a China”.
LA OPERATIVA PARA DEFRAUDAR EL IVA
El juez investiga en esta causa una operativa orquestada a través de la operadora Villafuel SL para defraudar el IVA en el sector de los hidrocarburos, un tipo de delito que cuenta con diversas causas abiertas en varios de los juzgados centrales de la Audiencia Nacional.
En uno de los atestados se explica el esquema básico de este tipo de fraude, y los agentes señalan que todo arranca cuando la organización criminal se hace con una operadora al por mayor de productos petrolíferos.
Esta operadora va a los depósitos fiscales –donde se almacena el producto– a comprar el combustible y en ese trámite solo abona los impuestos especiales pero no el IVA. Por ley, esa operadora solo debe mandar a la Hacienda Pública el IVA una vez que lo ha repercutido, o cobrado, a las gasolineras que le compran el producto a un precio más IVA.
Con esta base, el fraude consiste básicamente en dejar de ingresar el IVA que repercute, es decir, el IVA que recibe de las gasolineras, que son las minoristas. Y, puesto que la operadora no soporta prácticamente ningún IVA, las cantidades que deberían ingresar son cercanas a la totalidad de lo repercutido, sin embargo, no lo abonan.
Si bien este es el esquema básico del fraude, según la UCO las organizaciones criminales han ido evolucionando en su estructura y métodos por la presión judicial y policial y ahora interponen nuevas mercantiles en el esquema.
El objetivo es “perfeccionar el velo de los que verdaderamente dominan la organización criminal” y “salvaguardar las operadoras de hidrocarburos de posibles inhabilitaciones” dado que obtener ese título de operador es complicado.
- Te recomendamos -
