La Sala avala la decisión del juez al considerar que “la instrucción debe declararse conclusa”
MADRID, 1 (EUROPA PRESS)
La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha desestimado el recurso de la Liga Nacional de Fútbol Profesional y ha confirmado la decisión del juez de dar por concluida la investigación en el ‘caso Soule’, que versaba sobre las presuntas irregularidades en la gestión de Ángel María Villar como presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF).
En un auto del pasado lunes, recogido por Europa Press, la Sección Segunda explica que las pesquisas que pedía practicar La Liga en su recurso “se refieren no tanto a la práctica de diligencias nuevas o que no hayan sido ya acordadas, sino que se vienen a querer complementar las ya realizadas”.
Eso lleva a los magistrados a concluir que “la instrucción puede y debe declararse conclusa, y ello sin perjuicio de posibles aclaraciones o ampliaciones que, en su caso, se pudieran producir, al tratarse de diligencias directamente derivadas de las ya acordadas” durante el periodo de investigación.
La Liga recurrió el cierre de la instrucción alegando que en el informe de la IGAE sobre el destino de los fondos de la propia competición entre los ejercicios 2009 y 2017 se informaba “entre otras muchas conclusiones que el destino de 7.999.013,18€ de los 109.129.007,82€ entregados por La Liga para retribuir las actuaciones arbitrales” no se encontraban “justificados de acuerdo con lo previsto en los convenios de coordinación”, pues no se habían “destinado a aquello que éstos contemplan”.
El recurso, recuerda la Sala, “concluye afirmando que resulta necesario que por la IGAE se concreten los fondos públicos defraudados para poder transformar por el delito de fraude de subvenciones (concurrente conjuntamente con el de apropiación indebida)”.
“Por lo que no, al parecer de la recurrente, no ha sido suficiente lo instruido en tanto que no se ha alcanzado la finalidad de la instrucción, impidiéndose determinar a través de la investigación el importe de la defraudación de los fondos públicos”, añade.
EL FIN DE LA INSTRUCCIÓN
Fue el pasado mes de mayo cuando el entonces responsable del Juzgado Central de Instrucción Número 1, Alejandro Abascal, dió por concluida la investigación en el ‘caso Soule’ al entender que no quedaban nuevas diligencias por practicar.
En el auto por el que dio por finalizada esta fase, el instructor consideraba que las diligencias practicadas eran suficientes y que no debía prolongarse, de modo indebido, el plazo de investigación de esta causa.
Apuntaba que no podía prorrogar, como así pedían varias partes y la propia Fiscalía, basándose sólo en que está pendiente de que se aporte determinada documentación porque “la prórroga tiene por objeto practicar nuevas diligencias y no esperar el diligenciamiento de las ya acordadas”.
EL INFORME DE LA IGAE
Cabe recordar que entre las últimas diligencias acometidas en ‘Soule’ estuvo la declaración de mediados de abril en calidad de investigados del que fuera presidente del Comité Técnico de Árbitros (CTA) Victoriano Sánchez Arminio –se negó a declarar–, del expresidente de RFEF Ángel María Villar y del trabajador de la RFEF Raúl Massó por el presunto desvío de 8 millones de euros.
Precisamente el informe ampliatorio de la IGAE se encargó para esclarecer responsabilidades en ese presunto desvío del dinero que La Liga destina a la RFEF para pagos relativos a los árbitros.
El Ministerio Público en un informe explicaba el sistema usado para esos pagos, y señalaba que La Liga percibe fondos de la recaudación de las quinielas, y que parte de ese dinero público va destinado a sufragar el pago de los derechos de arbitraje de las competiciones oficiales de fútbol.
Con la intención de articular ese pago de derechos se hicieron los convenios de coordinación entre La Liga y la RFEF por los que la primera hace entrega de aportaciones a la RFEF, asumiendo esta última su gestión, sin contraprestación alguna.
Y la Fiscalía ponía el foco en que de los informes periciales practicados en las actuaciones se concluía que las aportaciones realizadas por La Liga correspondientes a los honorarios arbitrales excedían de los gastos contabilizados por la RFEF en la suma de 7.999.013,18 euros.
EL BENEFICIARIO ES LA LIGA
Los interventores del Estado, en esa ampliación de la pericial, concluían que “la condición jurídica de beneficiario de la subvención correspondiente al remanente de las quinielas recae en La Liga y es esta la que está sujeta el régimen de justificación previsto en la Ley General de Subvenciones”.
Con esta aseveración, la IGAE eximía de responsabilidad a la RFEF, porque “no ocupa ninguna posición jurídica dentro del entramado de elementos subjetivos de la relación subvencional, por lo que no resultan de aplicación los deberes que la normativa impone a los beneficiarios”.
“De modo que la RFEF no está sujeta a la obligación de justificación, ni al resto de deberes que la Ley General de Subvenciones impone a quien ostenta esa condición”, aseveraba.
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