Será la cuarta vez en este año que la Cámara debata unos objetivos de estabilidad
MADRID, 17 (EUROPA PRESS)
El Pleno del Congreso de la semana que viene debatirá y votará los objetivos de estabilidad presupuestaria y deuda pública de las administraciones para los próximos tres años sin que el Gobierno tenga asegurados los apoyos suficientes para superar su tramitación parlamentaria.
La Junta de Portavoces de este martes ha acordado la inclusión de este punto en el orden del día de esa sesión plenaria, concretamente el jueves, día 26, según han precisado a Europa Press fuentes parlamentarias.
El pasado julio, el Congreso rechazó con los votos en contra de PP, Vox, UPN y Junts dichos objetivos, que sirven de preliminar para la elaboración de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2025.
Ahora, y tras haber pasado las elecciones catalanas que tensionaron las negociaciones entre PSOE y Junts, la Cámara Baja se volverá a pronunciar sobre la misma senda de déficit. Los de Carles Puigdemont, de momento no se han mostrado abiertos a variar su voto de julio.
VAN CUATRO DEBATES DE LA SENDA ESTE AÑO
Será la cuarta vez que el Congreso debata unos objetivos de estabilidad este año. El Gobierno llegó a presentar los relativos a los Presupuestos de 2024 dos veces, pero esas cuentas no se tramitaron por el adelanto electoral de Cataluña y siguen vigentes las de 2023, que se prorrogaron automáticamente el 1 de enero.
En esas dos ocasiones, el Congreso no supuso un escollo y los objetivos superaron el trámite de la Cámara Baja. Sin embargo, la mayoría absoluta del PP en el Senado tumbó la senda ambas veces. Eso obligó al Ministerio de Hacienda a recurrir a un informe de la Abogacía del Estado para sortear el veto de la Cámara Alta y elaborar los Presupuestos con los objetivos que el Ejecutivo remitió a la Comisión Europea en abril de 2023 dentro del Programa de Estabilidad.
De hecho, los objetivos remitidos a Bruselas son el ‘plan B’ del Gobierno para seguir la tramitación presupuestaria si las Cortes no respaldan la próxima semana la senda propuesta por el Gobierno, que establece un déficit público del 2,5% en 2025, del 2,1% en 2026 y del 1,8% en 2027 y recortar la deuda pública al final del periodo por debajo del 100%.
Eso sí, la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, advirtió que ese ‘plan B’ recortará en 11.500 millones de euros la capacidad de gasto de las autonomías y los ayuntamientos. Es por esto que la ‘número dos’ del PSOE dijo que quien no apoye esos objetivos se pegará “un tiro en el pie” allá donde gobierne porque contará con menos recursos.
LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL ASUME LA MAYOR PARTE DEL DÉFICIT
La propuesta fiscal del Ejecutivo estipula que la Administración Central asuma la mayor parte de la responsabilidad del cumplimiento de los nuevos objetivos fiscales, dado que en 2025 deberá situar su déficit en el 2,2%, en el 1,8% en 2026 y en el 1,5% en 2027. Por su parte, el objetivo de déficit de las comunidades en 2025, 2026 y 2027 será del 0,1%, mientras que los ayuntamientos y corporaciones locales dispondrán en 2025 y 2026 de equilibrio presupuestario (0%).
También se establece que la deuda pública del conjunto de las administraciones se reduzca al 103,6% del PIB en 2025, un porcentaje que deberá ser casi dos puntos inferior en 2026, cuando llegue al 101,8%. Por último, en 2027 estará por debajo del 100%, situándose en el 99,7%.
Siguiendo con la deuda pública, el objetivo fijado para las comunidades autónomas es del 20,8% del PIB en 2025, un 20% para el año siguiente y un 19,4% en 2027. Por su parte, la deuda de los ayuntamientos mantendrá una senda descendente en los próximos ejercicios, pasando de un 1,3% en 2025 y 2026 y el 1,2% en 2027.
TECHO DE GASTO DE CASI 2.000 MILLONES
Por su parte, el límite de gasto financiero o ‘techo de gasto’, que no es sometido a votación, se ha fijado en un tope de 199.171 millones de euros incluyendo los fondos procedentes de la Unión Europea.
Dentro del techo de gasto se incluye también una transferencia del Estado a la Seguridad Social por importe de 22.881 millones de euros, un 7% más con respecto a los Presupuestos de 2023. La Seguridad Social podrá tener un déficit del 0,25 en los tres próximos ejercicios.
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