También se pronunciará sobre el recurso del Gobierno contra el protocolo canario para menores migrantes
MADRID, 6 (EUROPA PRESS)
El Tribunal Constitucional (TC) estudiará en su Pleno de la próxima semana si admite a trámite el recurso que presentó el exvicepresidente de la Generalitat de Cataluña Oriol Junqueras contra la decisión del Tribunal Supremo (TS) de no aplicarle la ley de amnistía.
Según consta en el orden del día, el tribunal también deliberará si admite a trámite los recursos interpuestos por los exconsellers Raül Romeva y Dolors Bassa. Ambos, al igual que Junqueras, han recurrido en amparo dos resoluciones del Supremo: la del 1 de julio, por la que se les denegó la aplicación de la amnistía; y la del 30 de septiembre, en la que el tribunal confirmó su decisión al rechazar sus súplicas.
El magistrado del ala conservadora César Tolosa está a cargo de redactar el borrador de la providencia en la que se dará respuesta a Junqueras y Romeva; mientras que el presidente del tribunal, el magistrado del sector progresista Cándido Conde-Pumpido, es el ponente del caso de Bassa.
Los tres dirigentes condenados por el ‘procés’ acuden a la corte de garantías al considerar que la decisión del Supremo ha vulnerado sus derechos fundamentales. Fue el pasado julio cuando los magistrados que juzgaron el proceso independentista catalán en el TS rechazaron amnistiar la malversación a los condenados por el referéndum ilegal del 1-O al considerar que sí obtuvieron un beneficio personal y que sí afectaron los intereses financieros de la Unión Europea.
La negativa del Supremo afectó directamente a Junqueras, Romeva y Bassa, dado que los tres habían sido condenados por malversación. La decisión del alto tribunal de no aplicarles la ley mantuvo las condenas de inhabilitación que se les impuso.
Esta medida –que también acordó el instructor del ‘procés’ Pablo Llarena– alcanzó al expresidente catalán Carles Puigdemont y a los exconsejeros huidos y procesados en rebeldía Toni Comín y Lluís Puig, quienes siguen con órdenes nacionales de detención vigentes en su contra.
Cabe recordar que el Supremo acudió al Constitucional por la ley de amnistía con una cuestión de inconstitucionalidad, pero respecto al delito de desórdenes públicos. Los magistrados indicaron que actuban porque tenían la “absoluta convicción” de que la norma vulnera “al menos” el derecho a la igualdad y el principio de seguridad jurídica.
EL PROTOCOLO CANARIO
Por otro lado, el Constitucional se pronunciará sobre el recurso presentado por el Gobierno de Pedro Sánchez contra el protocolo de menores migrantes aprobado por el Ejecutivo canario.
Moncloa impugnó los apartados segundo, tercero y sexto del Acuerdo del Gobierno de Canarias de 2 de septiembre de 2024 en relación con los menores migrantes, y la Resolución de la Dirección General de Protección de la Infancia y las Familias de 10 de septiembre, por la que se establece el protocolo territorial de estos menores en Canarias.
La corte de garantías lo admitió a trámite el pasado 8 de octubre al mismo tiempo que ordenó suspender la vigencia y aplicación de los preceptos impugnados, si bien ya estaban desactivados cautelarmente por orden del Tribunal Superior de Justicia de Canarias.
El nuevo protocolo implica que antes de la entrega del menor a las autoridades de las islas se haga su previa reseña de identificación, su inscripción en el Registro de Menores Extranjeros No Acompañados (RMENA) y una resolución administrativa de asignación o ubicación individualizada del órgano correspondiente del Estado, previa audiencia al menor, en presencia de un intérprete de su lengua materna u otra que pueda entender, con conocimiento del fiscal.
Confirmada la disponibilidad de plaza, la recepción del menor por parte de la comunidad autónoma se hará en las comisarías de la Policía Autonómica de Canarias o, donde no existan, en los lugares habilitados.
Para la Fiscalía, que fue quien llevó el asunto a la jurisdicción ordinaria el pasado 18 de septiembre, este protocolo supone la “ausencia de atención inmediata” a la situación de desamparo patente en los menores migrantes que llegan desde el mar a las costas del archipiélago.
En concreto, denuncia vulneraciones del derecho fundamental al principio de igualdad reconocido en el artículo 14 de la Constitución y en la Convención de los Derechos del Niño, así como del derecho fundamental a la integridad moral reconocido en el artículo 15 de la Carta Magna.
El ministro Ángel Víctor Torres anunció el pasado 24 de septiembre que el Gobierno llevaría al TC el protocolo canario después de que el Consejo de Estado dictaminara que “existen fundamentos jurídicos suficientes” para recurrirlo.
El Consejo de Estado señaló que “las dificultades que pudieran existir en la identificación y determinación de edad” de estos inmigrantes, así como “la insuficiencia o saturación de los medios autonómicos disponibles para atenderlos”, no son circunstancias que “permitan justificar un eventual rechazo de la comunidad autónoma a la recepción de los menores localizados en su territorio ni demorar la atención inmediata que los mismos puedan requerir”.
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