MADRID, 5 (EUROPA PRESS)
Las últimas tropas senegalesas de la base de operaciones temporal de la Misión Multidimensional Integrada de Estabilización de Naciones Unidas en Malí (MINUSMA) en Ogossagou (en el centro de Malí) han abandonado este viernes el lugar tras entregar formalmente la base a las autoridades malienses el día anterior.
En total, unos 150 cascos azules senegaleses abandonaron Ogossagou en torno a las 5.00 horas (hora local) rumbo a Mopti, donde llegaron “sanos y salvos” sobre las 22.30 horas. Los efectivos serán repatriados en las próximas semanas, según un comunicado publicado en la página web de la MINUSMA.
El cierre de la mencionada base, que se ha llevado a cabo “en estrecha coordinación” con las Fuerzas Armadas de Malí en Mopti, forma parte de la primera fase del plan de salida de la misión.
“Los componentes civiles de MINUSMA en Mopti, junto con el batallón senegalés, han hecho mucho para garantizar que no solo las comunidades se reconcilien, sino también para contribuir a reavivar la cultura de paz que existía entre ellas antes de los trágicos acontecimientos de 2019 y 2020”, ha destacado el jefe de la misión en Malí, El Ghassim Wane.
Este es el primero de doce campamentos que se entregarán a las autoridades locales, según el portavoz adjunto del secretario general de Naciones Unidas, Farhan Haq.
Otros dos campamentos periféricos –Ber y Goundam en la región de Tombuctú y Ménaka en el noreste de Malí– cerrarán a finales de agosto de este año, como parte del mismo plan de salida. Un plan por el que la MINUSMA ya ha reducido su personal en el país en 675 efectivos, que han abandonaron definitivamente el país desde el 1 de julio.
Este evento marca un paso importante en la retirada de la misión de la ONU en Malí, acordada el pasado 30 de junio a petición de las autoridades malienses tras diez años de presencia en el país.
Las relaciones del país con la MINUSMA se vieron afectadas por un informe de la ONU sobre la matanza de más de 500 personas en marzo de 2022 en la ciudad de Moura (centro), en el que se apuntaba al Ejército como principal responsable. El Gobierno rechazó “vigorosamente” el informe, y aseguró que las imágenes obtenidas por satélite por los investigadores constituyen un delito de “espionaje”.
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