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La regulación de alquileres de corta duración pone en peligro 30.000 millones y 400.000 empleos en España

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MADRID, 21 (EUROPA PRESS)

La regulación sobre los alquileres de corta duración en España pone en riesgo 30.000 millones de euros, un 2% del PIB, y 400.000 empleos, según un informe de Oxford Economics con datos de Eurostat y Airbnb.

En este sentido, la plataforma de alquiler ha denunciado que las autoridades han elaborado sus normativas “sin tener en cuenta consideraciones importantes”, como la ubicación (rural o urbana) o el tipo de actividad (ocasional o dedicada).

“Esto se ha traducido en prohibiciones generales en algunas ciudades, regulaciones regionales restrictivas amplias o una burocracia excesiva que está expulsando a quienes realizan esta actividad de manera ocasional, principalmente familias, sin resolver ninguno de los problemas”, ha señalado en un comunicado.

Por ello, Airbnb ha reclamado que se fomente los beneficios que la actividad de alquiler tiene en familias, áreas rurales y pequeños comercios, y que se deje de señalar esta actividad como “el chivo expiatorio de los grandes desafíos de la vivienda”.

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Aún así, desde la compañía se ha reconocido que algunas ciudades y destinos en España tienen en el turismo de masas y en la concentración de la actividad turística un enorme desafío, alineándose con los gobiernos en la intención de aliviar la crisis de vivienda.

MODELO REGULATORIO DE AIRBNB

El modelo de regulación que Airbnb propone se basa en cuatro principios regulatorios. En primer lugar, la plataforma aboga por la distinción clara entre las actividades empresariales a través de alquileres turísticos dedicados únicamente al alquiler de corta duración y el hospedaje ocasional en los hogares de las familias.

Para la compañía, es importante también un sistema de registro único, armonizado, gratuito y en línea; según la normativa de la Unión Europea, unido a unas reglas basadas en evidencias y datos, proporcionadas, no discriminatorias y justificadas.

Por último, el cuarto principio se basa en regulaciones adaptadas a las necesidades de áreas menos frecuentadas y conocidas, típicamente rurales, en contraste con la complejidad de los ámbitos urbanos, y que promueven la dispersión de los viajes por toda España.

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