MADRID/ZARAGOZA, 12 (EUROPA PRESS)
El Pleno del Congreso decidirá este martes si tramita la reforma del Estatuto de Autonomía de Aragón, mediante la que se suprimen los aforamientos de los miembros del Gobierno regional y de los diputados autonómicos y se garantiza un mínimo de 14 escaños a cada circunscripción, lo que permitirá a la provincia de Teruel mantener su representación en la cámara regional, pese a la despoblación.
El vicepresidente del Gobierno de Aragón y consejero de Industria, Arturo Aliaga, la portavoz parlamentaria del PP, Mar Vaquero, y la diputada de Cs Beatriz García defenderán la reforma en representación de las Cortes de Aragón.
Esta reforma fue aprobada por unanimidad en las Cortes de Aragón el pasado 28 de junio y, como todas las reformas de estatutos de autonomía, ahora debe ser discutida primero por el Congreso y después por el Senado.
El proyecto de ley retoca tres artículos de vigente estatuto aragonés, que data de 2007. Así, se modifica su artículo 36 para señalar que las Cortes de Aragón tendrán entre 65 y 80 escaños pero garantizando que cada una de las provincias estará representada “en todo caso por un mínimo de 14 escaños”.
El texto también señala que “corresponderá a cada circunscripción electoral un número de escaños tal que la cifra de habitantes necesarios para asignar uno a la circunscripción más poblada no supere 3 veces la correspondiente a la menos poblada” y que “la aplicación de esta regla en ningún caso podrá alterar” ese mínimo de 14 escaños por provincia.
La supresión de los aforamientos para los diputados autonómicos se introduce con la modificación del artículo 38.2 del Estatuto. En concreto, se establece que “durante su mandato no podrán ser detenidos ni retenidos sino en caso de flagrante delito”.
De la misma manera, se propone cambiar el artículo 55 para extender esa previsión al presidente o presidenta autonómico y al resto de su gobierno. Además, la reforma contiene una disposición transitoria por la cual se deja claro que la supresión de los aforamientos será de aplicación a partir de próxima legislatura, que arrancará tras las elecciones autonómicas del próximo mes de mayo.
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