MADRID, 22 (SERVIMEDIA)
La Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social en el Estado Español (EAPN-ES) reclamó este miércoles a todas las formaciones políticas “altura de miras” frente a medidas sociales “urgentes” como las que se iban a aprobar en el Congreso de los Diputados y que, a su juicio, “deben ser retomadas sin demora”.
Así lo reivindicó después de que el Pleno de la Cámara Baja tumbase, por 177 votos en contra -de PP, Vox y Junts- y 171, a favor, el decreto ley ‘ómnibus’ presentado por el Gobierno, que incluía medidas sociales como la revalorización de las pensiones, la prórroga de las ayudas al transporte público y las destinadas a las personas damnificadas por la dana, según precisó la red en un comunicado.
En él recordó que esta reforma contenía también medidas “enfocadas” a las personas en riesgo de pobreza o exclusión social, entre las que citó la prórroga hasta el próximo 31 de diciembre del bono social eléctrico, la subida del 9% del ingreso mínimo vital (IMV) o la prohibición de los desahucios de las familias en situación de vulnerabilidad.
En este contexto, pidió a todas las formaciones políticas “priorizar los derechos y las preocupaciones de la ciudadanía” ante la situación de pobreza y exclusión social que atraviesan miles de hogares en el país e hizo hincapié en que España presenta tasas “muy preocupantes” de pobreza y exclusión social, una situación que afecta al 26,5% de la población, 12,7 millones de personas, entre ellas 2,3 millones de niños y adolescentes, según su XIV Informe ‘El Estado de la Pobreza en España’.
A este respecto, indicó que la revalorización del ingreso mínimo vital iba encaminada “especialmente” a los hogares en situación de pobreza severa, es decir, los que ingresan menos de 611 euros al mes, casi cuatro millones de personas en España.
A ello sumó la derogación de la prórroga hasta el próximo 31 de diciembre del bono social eléctrico o de la prohibición de los desahucios y de los cortes de suministro de agua, luz y gas a las familias en situación más vulnerable, medidas, a su juicio, “imprescindibles” frente a la actual crisis de la vivienda en España y a las cifras récord de pobreza energética, dado que un 43,1% de las personas pobres presenta “dificultades” para mantener su vivienda lo suficientemente fresca en verano y un 38,5%, cálida en invierno.
FUNCIÓN PROTECTORA DE LAS PENSIONES
Junto a ello, valoró que el decreto ‘ómnibus’ incluía también la revalorización de las pensiones y puntualizó que sus últimos Informes sobre ‘El Estado de la Pobreza en España’ han “revelado” su “importante papel” como factor de sostenimiento de la calidad de vida de la población, teniendo en cuenta que, según sus cálculos, en 2023 las pensiones públicas redujeron el riesgo de pobreza en unos 7,8 millones de personas.
Por lo que se refiere a las ayudas al transporte, el decaimiento del decreto devuelve a los precios habituales los abonos de los trenes de cercanías, media distancia y el resto de los transportes de titularidad estatal, como los autobuses interurbanos.
“Estos descuentos suponían un alivio para los bolsillos de muchos hogares, ya que, según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), las personas que viven en hogares con ingresos inferiores a los 1.000 euros mensuales utilizan más el transporte público para acudir a su lugar de trabajo, un 17,2% frente al 12,1% del total de la población”, apostilló, al tiempo que explicó que la ‘pobreza de transporte’ es una “problemática” relacionada con “vulnerabilidades sociales” como los bajos ingresos, la edad avanzada, tener una discapacidad, o con desventajas regionales.
“Las políticas impulsadas frente a las últimas crisis han supuesto una vía de contención. En materia de derechos sociales y en calidad de vida, no cabe ningún margen de retroceso a ningún nivel competencial”, sentenció la entidad.
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