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La Red de Atención a las Adicciones expresa su respaldo a los parlamentarios para revocar la Ley de Seguridad Ciudadana

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MADRID, 14 (SERVIMEDIA)

La Red de Atención a las Adicciones (UNAD) trasmitió este lunes a los grupos parlamentarios con representación en el Congreso de los Diputados su “apoyo” a la derogación de la Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de protección de la seguridad ciudadana.

Así lo anunció en un comunicado emitido coincidiendo con la negociación entre gobierno y distintos partidos políticos de algunas modificaciones de la norma y en el que recalcó el “impacto negativo” que la legislación vigente tiene sobre las personas drogodependientes y las que consumen drogas a la hora de “estigmatizarlas y criminalizarlas”, tal y como expresa en una carta remitida a los grupos y en la que recoge una serie de demandas encaminadas a la derogación de la ley actual o, “en su defecto”, a la modificación de algunos de sus artículos.

Concretamente, el escrito defiende que las personas drogodependientes tengan la posibilidad de evitar la sanción a cambio de entrar a tratamiento de deshabituación; que el consumo o tenencia ilícita de drogas en lugares públicos, aunque sea para consumo propio, no supongan una sanción grave; que no se establezcan sanciones graves para aquellas personas que, por necesidad económica debido a su situación de exclusión, trasladan en sus vehículos a otras para facilitarles el acceso a drogas y que no constituya una sanción grave la plantación y cultivo ilícito de drogas “cuando no sean constitutivas de infracción penal”.

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En este contexto, consideró que la introducción de la Ley Orgánica 4/2015 supuso “un retroceso de derechos y de libertades individuales” en relación a la legislación anterior, “en especial” en lo que respecta a la “persecución” de las personas consumidoras de drogas.

De este modo, denunció la “prevalencia” de las “consideraciones morales” que “derivan” en la “estigmatización” y la “criminalización” de cuestiones como la tenencia de sustancias.

Por último, se puso “a disposición” de los grupos parlamentarios para “aclarar cualquier aportación y dialogar” respecto a sus “argumentos”.


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